Cuatro intentos y se va a casa
Emilio Lozoya abandonó el Reclusorio Norte y ahora enfrentará su proceso por el caso Odebrecht en libertad provisional, con el uso de brazalete electrónico
Emilio Lozoya logró su libertad después de cuatro intentos y de cuatro jueces responsables en instruirle el proceso por el caso Odebrecht.
El ex director de Pemex abandonó ayer a las 19:39 horas el Reclusorio Norte, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en esta ciudad le cancelara la prisión preventiva justificada y ordenara su libertad provisional con tres medidas cautelares: el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salir del área metropolitana y del País y su presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
Estas eran las disposiciones a las que estaba sujeto antes del 3 de noviembre de 2021, fecha en que le impusieron la prisión preventiva, luego de ser fotografiado en el restaurante Hunan de las Lomas de Chapultepec y provocar las críticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fuera Secretario de Estado en pasadas administraciones, incluso estuvo vinculado con un político de cepa que gobernó al País, tendría acceso a contactos conocidos y le permitirían huir y permanecer oculto, y qué mejor ejemplo de esa red que las imágenes que muestran con poco pudor procesal que estuvo departiendo en un restaurante”, dijo el fiscal Manuel Granados en aquella audiencia en que se ordenó su encarcelamiento.
Desde esa fecha, el ex funcionario empleó todos los medios legales a su alcance para conseguir su libertad, pero no lo consiguió sino hasta después de 2 años con 3 meses y 17 días.
El 26 de enero de 2022 el entonces juez de control Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, le negó la libertad porque en su opinión no habían cambiado las condiciones por las que apenas tres meses antes lo había confinado en una celda.
El 3 de diciembre pasado el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, en calidad de tribunal de enjuiciamiento, dijo en una audiencia que sí era procedente la solicitud de libertad del acusado, pero que no podía resolverla porque una suspensión de amparo se lo impedía.
Lo anterior hizo que la defensa de Lozoya se desistiera de esa suspensión y pidiera una nueva audiencia, con la expectativa de que ahora sí les concedieran la excarcelación.
La nueva diligencia fue agendada para el 16 de diciembre pero, para sorpresa de los abogados y el propio ex funcionario, ese día no apareció en la sala de audiencias el juez Aquiles Villaseñor, porque horas antes había salido de vacaciones. En su lugar, la audiencia la presidió su homólogo José Rivas González, quien frustró este tercer intento de Lozoya para abandonar la prisión.
El argumento que empleó la defensa en esa ocasión fue que, conforme una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debía revisarse la prisión preventiva del acusado al cumplir dos años de reclusión e imponerle una medida cautelar distinta.
Rivas González dijo que la petición no era procedente porque el plazo de dos años no es aplicable o computable cuando el acusado ejerce actos de defensa y, en este caso, durante todo ese tiempo, Lozoya trató de negociar su inmunidad penal –sin lograrla–, lo que en su opinión sí es una acción de defensa.
La audiencia que Lozoya esperaba finalmente llegó ayer, y de la manera menos complicada, pues el lunes el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación –en el amparo en el que se desistió de la suspensión en diciembre– ordenó el cambio de medida cautelar, sin debate alguno de por medio.
A grandes rasgos, el colegiado sustentó su veredicto en que ya no existe riesgo alguno de que Lozoya pueda darse a la fuga y que no puede justificarse este peligro con su capacidad económica, la red de familiares en el extranjero o la alta penalidad que podría recibir en una condena.
El tribunal notificó su sentencia a las 5:18 horas al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y, en cumplimiento a ese amparo, el juez de control Gerardo
Alarcón López convocó a la audiencia de ayer en la que finalmente ordenó la inmediata libertad, con las condiciones ya anticipadas.
A Lozoya se le acusa en el caso Odebrecht por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió condenarlo a 46 años con 6 meses de prisión y el pago de una reparación del daño de 7 millones 336 mil 351 dólares.
En este último proceso, el acusado está a la espera de fecha de juicio.
Por ahora, el pronóstico pinta a su favor porque el año pasado el juez Alarcón López canceló las pruebas clave que sustentan dicha acusación, es decir, la documentación financiera enviada por Brasil y Suiza que sustentan los sobornos de Odebrecht para que el ex funcionario supuestamente les otorgara los contratos de obra de la refinería de Tula.
Anoche Lozoya cruzó la aduana del centro penitenciario con una bolsa de plástico en la mano y un cubrebocas puesto. En la puerta de salida ya lo esperaba una camioneta Toyota gris plata, con vidrios polarizados.
El ex funcionario subió a los asientos traseros, sin más compañía en el vehículo que el chofer. Siempre estuvo fuera del alcance de las cámaras, porque un grupo de agentes de Seguridad Ciudadana de la CDMX impidió el acceso de los medios de comunicación, a 150 metros de distancia de la aduana del reclusorio.
La camioneta trasladó al colaborador del ex Presidente Enrique Peña Nieto al domicilio de su hermano ubicado en la Colonia San Jerónimo Lídice, según dijeron allegados al caso.