Una Constitución sin contrapesos y sin ciudadanía
La Iniciativa del Ejecutivo Federal sobre “Simplificación Orgánica” que se propuso el pasado lunes, elimina de un plumazo aproximadamente 500 renglones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de aprobarse, el año 2024 sería el último 5 de febrero que habremos celebrado una Constitución mexicana garante de derechos ciudadanos dotados de instituciones para su defensa. La Iniciativa, desde la Exposición de motivos, comete desafortunadas afirmaciones. Lo anterior se matiza con el imparable objetivo de mostrar un vínculo directo entre la privatización de ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos, CONASUPO, Teléfonos de México, Mexicana de Aviación y otros, con la creación de organismos constitucionalmente autónomos entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que, por cierto, garantiza dos derechos humanos y surgió de la exigencia ciudadana.
No puedo dejar de señalar que el Ejecutivo se equivoca nuevamente al referirse al INAI, como aquel que prometió que garantizaría mayor transparencia en el gasto público y abriría al escrutinio ciudadano los actos de gobierno, pero en la práctica ha sido una institución onerosa, con una estructura burocrática obsesa, que no ha garantizado el acceso a la información.
No somos una institución onerosa; nuestro costo anual es de 1,000 millones de pesos lo que representa 0.01% del gasto total del gobierno, es decir, el INAI cuesta a cada mexicana y mexicano 77 centavos al mes. No tenemos una estructura burocrática obesa, porque esta institución brinda servicios a todo el país únicamente con 800 personas servidoras públicas en un solo edificio de cuatro pisos y una planta baja. A diferencia de lo que se indica, el INAI ha cumplido con garantizar la transparencia: se han realizado millones de solicitudes de información, por ejemplo, sobre las vacunas COVID, violaciones a derechos humanos, el Tren Maya, o el AIFA y es el INAI quién obliga a las instituciones, incluyendo al Poder Ejecutivo, a dar esa información a las y los mexicanos. Esta iniciativa apunta más a un Estado autocrático que desvalora el esfuerzo que han enfrentado los colectivos y las personas defensoras de derechos humanos para participar en las decisiones del Estado. Es una reforma que no solo no beneficia a la ciudadanía, sino que la borra del papel protagónico que ha logrado con profundo esfuerzo a nivel nacional e internacional. Esta iniciativa debe preocuparnos a todas y todos quienes defendemos libertades históricas conquistadas por la sociedad.
*Presidente del INAI