BANCOS, AFORES Y BONO A FINALES DE AÑO POR IBERDROLA
ESTE MARTES, EN Tamazunchale, San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador recibirá de manera formal el control de las 13 plantas de Iberdrola cuya compra-venta quedó formalmente cerrada ayer.
El acto, al que asistirán el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y los directores de Banobras y Nafin-Bancomext, Jorge Mendoza y Luis Antonio Ramírez, respectivamente, estará cargado de simbolismo. No pasa desapercibido que esa planta de ciclo combinado fue construida por Iberdrola, teniendo como socios a Claudio X. González Laporte y José Córdoba Montoya, jefe de asesores de Carlos Salinas. Al final, el consorcio español que preside Ignacio Sánchez Galán, recibirá un pago de 5 mil 883 millones de dólares, tras netear los intereses correspondientes contra los ingresos generados por estas plantas desde el 1º de enero de 2023.
Esto representó un retorno adicional para el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), en tanto que la tasa de interés pactada fue de 3.5% contra un retorno estimado de los activos superior al doble dígito en dólares.
La operación en su tramo de deuda de 3 mil 600 millones de dólares fue financiada de la siguiente manera: mil 200 millones por la banca comercial en la que participaron cuatro instituciones internacionales.
Apunte al inglés Barclays, que preside C.V. Venkatakrishnan; el japonés Sumitomo, que encabeza Makoto Takashima, y los españoles BBVA, que preside Carlos Torres Vila, y Santander de Ana Botín.
Cada banco aportó 300 millones de dólares, más 2 mil 400 millones de dólares de la banca de desarrollo, de los cuales, mil 200 millones los aplica Banobras, 620 millones el Bancomext y 620 millones Nafinsa.
Aunque la banca comercial ofreció hasta 11 mil 200 millones, dada la posición de Fonadin como inversionista inicial, se optó por darle un tranche mayor para beneficio de la banca del gobierno. Para dar salida a parte de este crédito sindicado, se espera una próxima colocación de un bono antes de que termine el año.
El capital se encuentra financiado en un principio al 100% por Fonadin, que actúa como inversionista ancla, para luego incorporar a inversionistas institucionales mexicanos y llegar a una estructura 51/49. Se sabe que existe ya un grupo de afores que llevan el liderazgo para realizar esta inversión el mes próximo y que resulta muy atractiva en el papel ya que los rendimientos superan el doble dígito en dólares. Este es un esquema que satisface el criterio que las Afores habían venido solicitando: proyectos rentables con ingresos garantizados por sólidas fuentes de pago.
EN EL SECTOR bancario no están sorprendidos de que Eduardo Fernández esté preso por extorsión. Son varios los ejecutivos bancarios de aquel entonces que vieron cómo el entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el sexenio de Ernesto Zedillo decidía qué hacer con todo tipo de activos, así como definir qué pasaba a ser deuda pública, al Fobaproa, a cambio de “arreglos”. Uno de sus escritos, por el que pedía un “arreglo económico”—extorsión a Grupo Televisa por las decisiones oficiales que tomó hace 26 años—, fue entregada por el abogado Juan Daniel Rodríguez, del despacho Rodríguez Rueda.
En otra de sus cartas, según los expedientes judiciales en España, se señala que Fernández plasmó: “A estas alturas de mi vida todo, absolutamente todo, está subordinado al bienestar de los míos, particularmente a que yo, en vida o sucesión, pueda continuar afrontando el mediano y largo plazos, un muy grave problema que seguro ya conocen. Mis circunstancias personales se agravaron radicalmente en los últimos años…. Ya no hay más: optan por el arreglo propuesto (un pago de $250 millones de pesos), y así inician un proceso de control de daños, o explota mi denuncia y sus avances (en un medio de comunicación)” Y, concluye la carta con un “Mejor la Paz”.
Televisa no tenía razón para aceptar el chantaje, básicamente de daño reputacional, y desde el inicio presentó las denuncias correspondientes. Ahora empiezan los deslindes de Fernández. Ayer se desmarcó David Peñaloza Sandoval, ex presidente de Tribasa, quien dijo no saber que Fernández estaba realizando extorsiones, aunque sí tenía una relación con él.
Otra persona que estuvo ayer, en su programa de radio, muy a la defensiva, fue la periodista Carmén Aristegui. Según varias publicaciones habría sido ella la que alertó a Fernández que en su contra había una “ficha roja” de la interpol, el miércoles pasado, luego de que lo intuyera por una reunión que tuvo con los abogados de Televisa.
Fernández alertado intentó huir, el jueves, a Andorra, vía España, pero fue detenido al llegar a Madrid. En la 4T deben de estar felices de poder extraditar pronto al creador del Fobaproa, razón por la cual Fernández ha dicho que prefiere pelear la extradición y no desea venir a rendir cuentas a México. EL ASPIRANTE DE Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, Chema Martínez, ha sido objeto de intensos cuestionamientos en los últimos días, tanto por el origen de los fondos utilizados en su ostentosa campaña de promoción anticipada como por las recientes denuncias de delitos fiscales que se han presentado en su contra.
Desde 2022, Martínez ha emprendido una campaña de promoción personal en todo el estado de Jalisco, utilizando una variedad de medios publicitarios que incluyen bardas, espectaculares, lonas, pautas digitales, llamadas automáticas desde call centers y brigadas.
Este despliegue publicitario ha sido ampliamente difundido en medios locales, generando un considerable revuelo y provocando denuncias por parte de Movimiento Ciudadano, que lidera Dante Delgado, hacia sus acciones.
Lo más preocupante, sin embargo, son las dudas sobre cómo Martínez ha financiado esta costosa campaña, que según estimaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, habría implicado un gasto aproximado de 78 millones de pesos.
Este desglose detallado del presupuesto de su campaña incluye la colocación de 100 espectaculares en el área metropolitana de Guadalajara, la pintura de miles de bardas con diseños específicos, campañas de push calls, pautas digitales y brigadas para volantear su imagen personal, fuera de los tiempos destinados a una campaña electoral, incurriendo también así en múltiples delitos electorales.
Paralelamente a estas revelaciones sobre sus gastos de campaña, Martínez se enfrenta ahora a acusaciones formales de defraudación fiscal, expedición de comprobantes fiscales falsos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero electoral.
Estas denuncias han sido presentadas ante diversas autoridades, lo que añade una capa adicional de controversia a su candidatura. El hecho de que Martínez provenga del PAN y ahora busque una candidatura por Morena aumenta la atención sobre su historial y sus motivaciones en la política.
Las acusaciones de utilizar su posición política para enriquecimiento personal y la sombra de actividades ilícitas plantean serias interrogantes sobre su idoneidad para ocupar un cargo de responsabilidad pública.
Se espera que estas denuncias sean investigadas con rigor y transparencia, garantizando así la integridad del proceso electoral y la rendición de cuentas de quienes buscan representar al pueblo.