¿Deben los jueces ser electos?
No quiero referirme a ninguna iniciativa, sino a esa idea que en los últimos años ha rondado una y otra vez y a la que podría sin ambigüedad calificar de pésima. Un juez no es un político que busca quedar bien con un segmento de la población que simpatizan con su ideología y propuestas. Un juez tiene la altísima responsabilidad de impartir justicia conforme a Derecho, que se traduce en dar salida justa, imparcial y completa a los conflictos que se presentan. Un juez establece seguridad jurídica y certeza, ingredientes fundamentales de un sistema democrático en un Estado de Derecho.
Un juez debe ser una persona estudiosa, profesional, perito en la ciencia jurídica, con actitudes que demuestren una ética independiente a cualquier presión externa; debe ser una persona plenamente capacitada y especializada en la rama del derecho que ejercerá. Por ello, la independencia es la principal directriz para el ejercicio pleno y certero de la función jurisdiccional. La independencia judicial se traduce en el sometimiento absoluto de la sentencia al imperio de la ley. Si un juez pierde su independencia se convierte en político, y esta figura se elige no por el grado de estudios, los libros escritos, participaciones en congresos, publicaciones, sino porque es simpático, guapo, mejor bailarín, o porque está con la fuerza mayoritaria respectiva.
¿Es contraria la independencia judicial a la elección popular de jueces? La respuesta categórica es sí. La independencia judicial debe estar alejada de vínculos políticos, de negociaciones, de presiones. Debe ser una obligación del Estado. ¿Los políticos tendrán mayor independencia sometiéndose a las urnas? Claro que no. Un político debe hacer campaña, y en ellas hay dinero de por medio. ¿Quién va a poner el dinero? La ruta resultaría muy incierta.
Además, no hay certeza si un político que logre el triunfo en las urnas para ser juez sea el más capacitado; sí debe ser más popular y eso va contra los principios de un Estado de Derecho. Así tendremos jueces guapos, simpáticos, pero no necesariamente los mejores abogados. Ahora bien, para aquellas voces que insisten en que la designación de los jueces no corresponde a la voluntad de la ciudadanía, hay que advertir que los jueces tienen legitimación constitucional al haber sido designados conforme a los procesos establecidos en nuestra Carta Magna. La ruta para seguir, más que llevar a los jueces a las urnas debe ser el fortalecimiento del Poder Judicial, para que los conflictos que sean resueltos gocen de independencia, imparcialidad y seguridad jurídica que debe, por siempre, prevalecer en un sistema democrático.