QUINTANA ROO: JUSTICIA DENEGADA
El Poder Judicial ha sido negligente y hiede a corrupción. Han pasado siete años y no ha resuelto el caso de Roberto quien quedó con daños irreversibles a manos de sus vecinos
Lo que ocurrió fue la pavimentación del camino a un infierno de dolor
El 20 de enero de 2017 el día amaneció risueño para Roberto, un administrador de condominios avecindado en Playa del Carmen, Quintana Roo. Acababa de reconciliarse con su esposa, después de meses de separación por desavenencias, y se preparaba para iniciar un viaje a Mérida, junto con su mujer y su hijo de 10 años. Estaba en su casa del fraccionamiento La Joya en Playa del Carmen, cuando irrumpió ahí el perro de sus vecinos, rompió algún objeto y causó, naturalmente, el disgusto de Roberto, quien le reclamó a su vecina por no cuidar a su mascota. Hasta aquí, aquello no pasaba de ser una discusión entre vecinos que pudo zanjarse con una disculpa y el pago de los estropicios del can.
Lo que ocurrió, sin embargo, fue la pavimentación del camino a un infierno de dolor, incapacitación, depresión y de una larga lucha por la justicia. A la discusión inicial se sumó el furioso marido de la vecina, quien golpeó fuertemente a Roberto (hay versiones de que le propinó una descarga de arma eléctrica y lo inmovilizó). Roberto cayó al suelo y los vecinos, ambos, lo golpearon rudamente con puños y pies, ante la desesperación de su pequeño hijo que miraba la agresión.
Resultado: a consecuencia de la golpiza, Roberto González Cabrera, entonces de 41 años, sufrió daños irreversibles en las vértebras cervicales y la médula espinal. Quedó cuadripléjico de por vida, está atado a una silla de ruedas con múltiples dolencias, necesita numerosos medicamentos y ayuda para todo, incluso para atender sus necesidades básicas. Su esposa Rosalía Pérez Andrade lo asistió en los primeros años, expuso mediáticamente el drama de su marido, pero el apoyo inicial degeneró en malos tratos y en tener incomunicado al enfermo, quien finalmente fue rescatado por sus padres y hermanos. Llegó el divorcio y, pensando en el bienestar de su hijo, Roberto decidió cederle a su expareja todos sus bienes.
¿Y los agresores? Rodrigo Galán Gutiérrez y María Fernanda Salcedo Medrano no han indemnizado a Roberto y tampoco han pisado la cárcel. ¿Y las autoridades? La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo consignó el caso al Poder Judicial, pero cometió un grave error: perdió el video de los hechos de enero de 2017, si bien este fue difundido profusamente en redes sociales. El Poder Judicial ha sido negligente y hiede a corrupción. Han pasado siete años y no ha resuelto el caso, a pesar de la gravedad de éste y de que la falta de indemnización incide en la vida de la víctima. En cambio, en una clara táctica dilatoria, los agresores de Roberto han interpuesto 18 amparos y logrado una y otra vez aplazar el proceso.
La más reciente dilación ocurrió el pasado 26 de febrero, cuando inesperadamente la audiencia para entrar a la última fase del juicio fue postergada para agosto (o después) por el juez Gualterio Geraldo Díaz, a moción de los abogados de Galán y Salcedo que el juez aceptó, a pesar de que fue presentada extemporáneamente.