EL AIFA VS. EL AICM
AUNA SEMANA de que cumpla su segundo año de operaciones, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no ha logrado impactar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
En materia de pasajeros, mueve apenas 5% de los que se transportan en éste. Pero los presupuestos que maneja en contrataciones prácticamente triplican al centro de conexión aérea más importante.
De acuerdo con la Plataforma Integral CompraNet, en lo que va de 2024 el AIFA ha invertido en contratos, principalmente de servicios, unos 735 millones de pesos.
Entretanto, el AICM tan sólo ha destinado unos 215 millones de pesos a contrataciones de servicios para sus dos terminales. Es decir, hay una diferencia de 520 millones de pesos.
Destaca además que, en contratos similares, el AIFA suele ser más caro. Por ejemplo, Grupo Mexicano de Seguros de Jorge Flores Cruz es la contratista del seguro de bienes patrimoniales para ambos aeropuertos.
A la terminal que dirige el general Isidoro Pastor le cotizó una póliza de 179 millones de pesos, y para el AICM, a cargo de José Ramón Rivera, entregó una oferta de póliza con valor de 173 millones de pesos.
También se observa la contratación que el Felipe Ángeles hizo del servicio integral de limpieza para las instalaciones ha otorgado a la Ecodeli Industrial, de
Agustín Bujaidar. Según el procedimiento IA-07-HZI007HZI999-N-14-2024, el monto máximo con impuestos es de 182 millones de pesos por 12 meses, el contrato más alto que el AIFA ha firmado en el presente año.
La empresa ha sido la adjudicada con el servicio de limpieza desde la apertura del AIFA en 2022 y de manera constante maneja contratos en promedio 17 millones más altos a los del Benito Juárez.
Lo anterior toma más relevancia si se considera que en el aeropuerto capitalino se requieren, por lo menos, de unas 500 personas adicionales para realizar las labores de limpieza.
LA NOCHE DEL miércoles se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados la incorporación de dos fuentes de ingresos adicionales para fortalecer el llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, mejor conocido como FEIP. La iniciativa, impulsada por el subsecretario de Hacienda,
Gabriel Yorio, busca que la próxima administración federal cuente con recursos adicionales que permitan garantizar los presupuestos frente a coyunturas negativas que llegan a impactar profundamente la economía nacional. Un ejemplo: el caso del COVID- 19. Hasta antes de la aprobación de la iniciativa, los recursos del FEIP provenían de 2.2% de los ingresos petroleros, 30% del remanente de operación de Banxico y 65% de los ingresos excedentes del ejercicio fiscal. Ahora el fondo también se nutrirá con los ahorros obtenidos en el costo financiero de la deuda pública del Gobierno Federal y con aportaciones adicionales de activos financieros o títulos de crédito también del sector gubernamental. Se argumenta que, entre 2018 y 2023, se ahorraron en promedio más de 20 mil 500 millones de pesos anuales por el buen manejo de la deuda, por lo que de ese nivel serían los nuevos flujos para el fondo de estabilización.
LA IV CONVENCIÓN Internacional de Juego con Apuesta, celebrada esta semana en la CDMX, puso sobre la mesa una realidad ineludible para el sector del entretenimiento y juego de apuesta: la imperiosa necesidad de actualización y adaptación regulatoria ante el auge sin precedentes del juego online. Para el presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA),
Miguel Ángel Ochoa, urge enfrentar los retos que plantea un marco legal obsoleto, el de la ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, incapaz de comprender los avances tecnológicos y las modalidades emergentes de juego. La situación actual, donde 60% de la oferta online opera al margen de la ley, no solo representa una significativa fuga de ingresos fiscales, sino también pone en jaque la protección al consumidor. Más allá de la mera actualización legal, lo que propone la AIEJA es una visión de futuro en la que México no sólo regule, sino que potencie el sector para convertirlo en un referente global.
PIGUDI GASTRONÓMICO, EMPRESA de María del Pilar Reséndiz y Gustavo Rodríguez, beneficiada en el sexenio de Enrique Peña Nieto con más de 378 millones de pesos en contratos públicos para la proveeduría de alimentos y servicios de comedor, encontró la forma de acomodarse en el gobierno de la 4T. Lo curioso es que cambió de giro, ya que pasó de dedicarse a la industria de los comedores por al menos una década, tiempo en el que obtuvo más de 697 millones de pesos del gobierno, a gestionar y ganar contratos de mudanza. Resulta que el Registro Agrario Nacional le adjudicó un contrato de más de 52 millones de pesos para trasladar el Archivo General Agrario de la CDMX a otra ubicación. El contrato no pasó desapercibido en la Secretaría de la Función Pública, de
Roberto Salcedo, pues se dio la instrucción de revisar la gestión de los funcionarios que licitaron este concurso, en especial porque quieren evitar escándalos como el de Segalmex.
A PROPÓSITO DE Segalmex, algo está ocurriendo en el sector lechero y nadie le está poniendo atención a una situación que puede ser una bomba en plena campaña electoral. Todo inició con el fraude que involucró a Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac) y a Distribuidora Mexicana Agronómica (DMA), donde metieron a una empresa que no tenía la especialidad en el secado de leche. Esta situación derivó en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual sexenio, en cuya trama surge ahora en las pesquisas que realiza la Fiscalía General de la República el nombre de Hugo
Buentello Carbonell, ex Subdirector de Producción de Liconsa, quien fue el que firmó los contratos por los que se realizó un desfalco de más de 400 millones de pesos y en el que está involucrada Grupo Vicente Suarez 73, del reciente fallecido Alejandro Puente. Delicado el tema, porque hay indicios de que esta práctica de improvisar empresas en el secado de leche siguen haciéndolo en la Dirección de Operaciones de Liconsa, por eso la molestia del gremio lechero. EVELYN SALGADO ANUNCIÓ ayer las renuncias del secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y del secretario de Seguridad Pública,
Rolando Solano Rivera, y también informó que notificará el relevo de la Fiscal General de Guerrero,
Sandra Luz Valdovinos, al Congreso del Estado. Sin duda, ante la falta de coordinación de la Fiscal con las autoridades estatales, que fue lo que permitió que huyera el policía, que se supone disparó contra el joven de Ayotzinapa, y que la molestia de los normalistas se manifestará con actos de violencia en las instalaciones de la Fiscalía en Chilpancingo, la Gobernadora demostró carácter y temple para tomar decisiones.