CAMILA Y EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN

Ya no tenemos saldo emocional para seguir pagando el costo humano de la inseguridad y la impunidad

Decidí que un par de días sin leer noticias eran necesarios para descontaminarme de la información. Dos días para desconectar mi cerebro de las tragedias que suceden las 24 horas del día en México. Sin embargo, resultó imposible. No pude evitar leer en las redes sociales los encabezados del caso de Camila en Taxco. Me sumergí en el análisis y, lleno de enojo y frustración, comencé a reflexionar sobre el mismo y sobre lo que sigue ocurriendo en México.

Al parecer, sujetos vecinos encontraron fácil secuestrar a una niña de 8 años, pedir doscientos cincuenta mil pesos por su libertad, y al no recibir el rescate, simplemente la mataron y la abandonaron como basura. La comunidad, basándose en esa evidencia, los reconoció y los juzgó en la plaza pública. Vecinos y familiares identificaron rápidamente a los posibles agresores tras revisar videos de cámaras de seguridad locales que, aparentemente, los implicaban en la desaparición de la niña.

El artículo 17 de la Constitución Federal señala claramente que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Sin embargo, ¿cómo cumplir con ese paradigma, con esta obligación legal que nos permite considerarnos pertenecientes a una sociedad civilizada, si el Estado simplemente es incapaz de proveer justicia a sus habitantes? ¿Cómo juzgar a una madre, a una familia y a una comunidad a la cual no se le cumple el contrato social en relación con la justicia? ¿Cómo condenar a una madre que, en un estado de emoción violenta, busca justicia por su propia mano y la de su comunidad? Entiendo que no es aceptable legalmente; el uso de la fuerza y la aplicación de la justicia es monopolio del Estado. ¿Qué pasa cuando el Estado simplemente no existe materialmente, como en el caso de Camila en Taxco, Guerrero, donde la secuestraron y mataron, con tan solo 8 años, con una crueldad que entumece el cuerpo, eventos que ya al parecer nos dejaron de sorprender.

La Fiscalía local investiga dos hechos delictivos. Por un lado, un violento linchamiento en el que la turba enardecida tomó la justicia en sus propias manos, acusando a tres sujetos de estar implicados en el secuestro y el posterior homicidio de Camila. La comunidad los agredió brutalmente en plena vía pública, sacándolos de una casa y golpeándolos sin piedad. Por otro lado, inició una investigación por homicidio calificado y lesiones contra tres sujetos. Sin embargo, no se ha esclarecido si estos individuos eran los mismos que sufrieron el linchamiento, ni se han proporcionado detalles sobre el estado de los lesionados. Seguramente su teoría del caso será la del suicidio de la menor, o encarcelar a la madre y considerar como víctimas de lesiones a los agresores de Camila. Créanme, que es posible, lo hemos visto demasiadas veces.

El caso ha generado una ola de indignación y reclamos de justicia en la comunidad. Familiares de la niña han expresado su dolor y frustración por lo sucedido.

Las autoridades tienen el cinismo suficiente para generar líneas de investigación para intentar responsabilizar a la madre de Camila por omisión de cuidado, mientras que la comunidad la defiende. Esta situación evidencia la absoluta ausencia del Estado, y cuando el Estado falta, ese vacío de poder lo llenan los gobernados que se han cansado de ser víctimas.

Preguntémonos con empatía ¿Qué hubiéramos hecho como padres ante esta situación? ¿Reaccionaríamos muy distinto a la madre de Camila y a su comunidad?

“Las autoridades tienen el cinismo para generar líneas de investigación e intentar responsabilizar a la madre de Camila por omisión de cuidado”.