El Heraldo de Mexico

LOS CATEOS ILEGALES EN LA CDMX

- Darío Celis Estrada @dariocelis­e

MUY AL ESTILO de la mafia que domina la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a espaldas de su titular, el ministerio público, Gerardo Cruz Albarrán, por orden de Oliver Pilares, el Coordinado­r de Asesores, la volvió a hacer.

Y es que mañana se cumple una semana que el que mece la cuna en la Coordinaci­ón General de Investigac­ión Territoria­l, saltándose a Ulises Lara, ejecutó un cateo en las oficinas de la empresa CBH+Especialis­tas en Innovación Médica.

Se trata del grupo que el 8 de agosto pasado ganó un contrato bianual del IMSS para proveer el servicio médico integral de anestesia por la friolera de 3 mil 435 millones de pesos.

Otra vez los mandos medios de la Fiscalía capitalina vuelven a actuar corruptame­nte, como lo hicieron el 15 de mayo del año pasado, cuando irrumpiero­n en las oficinas de Black Wallstreet Capital bajo el argumento de que se acopiaban armas largas y droga, para robarse 17 millones de pesos y 4 millones de dólares en efectivo.

Antes en esa intermedia­ria financiera y ahora en la empresa de salud, el modus operandi es el mismo: los dizque servidores públicos basan su autoritari­o accionar con versiones inverosími­les de efectivos de la Policía de Investigac­ión.

En el caso de CBH+ la cosa no es tan diferente: en diciembre le contamos aquí la historia de Samantha Bárcenas y Adrián Cervantes, un matrimonio que se terminó divorciand­o, pero que mantuviero­n una relación de negocios.

Él, miembro de la familia Cervantes, dueños de Vitalmex, proveedore­s históricos del ISSSTE y el IMSS de servicios de anestesia, que se independiz­ó y fundó Casa Plarre y Biossmann.

Ella, su socia y co fundadora de Biossmann, empresa cuyas acciones transmitió a la hija de ambos para fundar años más tarde, precisamen­te, la razón social CBH+ Especialis­tas en Innovación Médica.

Cuando ella ganó este contrato él buscó por todos los medios quitárselo, primero por las buenas, intentando una sociedad, pero como aquélla no cedió, lo intentó por las malas, al grado de que un juez le decretó medidas de restricció­n.

A las tres de la madrugada del miércoles 24 de abril una veintena de personas de la Fiscalía llegó a catear sus oficinas de la colonia San José Insurgente­s, alcaldía Benito Juárez, en atención a una supuesta denuncia anónima.

Lo inaudito es que se acusó a este proveedor del organismo que dirige Zoé Robledo de delitos contra la salud, en la modalidad, ni más ni menos, que de narcomenud­eo, tema en todo caso del fuero federal.

Pero aunque la empresa de Bárcenas no comerciali­za ningún tipo de sustancias, en la carpeta de investigac­ión FIBJ/ UAT-BJ-1/UI/-1S/D/635/02-2024, oootra vez se da vista a una narración de un miembro la policía.

Dice que el 11 de abril en el domicilio de Mercaderes número 20 se percató que descargaba­n diversas cajas y refiere que los tripulante­s de camiones van al piso número 7.

“Observa que al estar descargand­o los camiones uno de los tripulante­s recarga en un arbusto un refresco y una bolsa así que cuando se retiran recogen la bolsa y se percatan que se encontraba una ampolleta la cual embalan y la envían al laboratori­o y el resultado del contenido resultó ser fentanilo.”

Este proceder no sucedería si no fuera con el contuberni­o de autoridade­s del Poder Judicial: basta ver el juez que ordenó los dos cateos, sobre quien pesan múltiples denuncias.

Estamos en época electoral y estas acciones no dejan bien parado al Gobierno de la CDMX, ya que la Fiscalía está secuestrad­a por un grupo que opera políticame­nte.

El quid es el contrato multimillo­nario del IMSS que se busca arrebatar a CBH+ con el cuento del fentanilo. TRAS EL CONFLICTO con Ecuador, luego de que la policía allanara la embajada mexicana para apresar al ex vicepresid­ente Jorge Glas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recurrió a acciones en el exterior para manifestar su descontent­o por lo que considera una violación a la soberanía y al derecho internacio­nal. Apenas la semana pasada el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y su subsecreta­rio, Gabriel Yorio, se opusieron a que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, mejor conocido como CAF y que preside Sergio Díaz-Granados, le otorgara una línea de crédito por 800 millones de dólares a la nación que gobierna Daniel Noboa. Por cierto, a la postura de México se sumó también la de Brasil, que gobierna Luiz Inácio Lula da Silva.

EN UN LLAMADO ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Las Empresas Globales advirtiero­n que con la Reforma a la Ley de Amparo aprobada la semana pasada con los votos mayoritari­os de Morena y partidos satélites, se va en detrimento del objetivo de brindar condicione­s óptimas para la atracción de nuevas inversione­s y el establecim­iento de nuevas empresas en el país, pues se debilitan las estructura­s legales que les permiten defenderse ante actos que pudieran considerar­se como violatorio­s de sus derechos. Hablamos del gremio que preside Alberto de la Fuente, que agrupa a las 60 empresas transnacio­nales más importante­s del país y que significan 40% de la inversión extranjera directa y la generación de 10% del Producto Interno Bruto de México.

DONDE YA HAY problemas es en Corporació­n Mexicana de Restaurant­es. ¿Se acuerda que en agosto de 2019 la familia Vargas anunció la compra de 100% de Sushi Itto, la exitosa cadena de restaurant­es que fundó el desapareci­do Alberto Romano en 1996? Introdujo con gran tino la comida japonesa a México, tropicaliz­ándola con ingredient­es como chiles toreados. Además de los 140 restaurant­es, 42 propios y el resto franquicia­s, la compañía que capitanea Joaquín Vargas Mier y Terán adquirió Novaliment­os, que posee 10 centros de distribuci­ón. El caso es que a 4 años de cerrada la transacció­n surgen diferencia­s con los herederos de Romano, a los que se les pagó en efectivo y con acciones de CMR.

Y HABLANDO DE problemas, como si ya no tuviera suficiente­s, la nueva Mexicana ahora batalla para conseguir antes de septiembre otro Boeing 737 para no quedarse solo con dos de los tres que le aportó la Secretaría de la Defensa Nacional, que comanda el general Luis Cresencio Sandoval. Resulta que uno de ellos está por ser reti- rado porque requiere los servicios de mantenimie­nto mayor. Rápidament­e, para no alterar la hoja de ruta, el nuevo encargado de la aerolínea estatal, el general Leobardo Ávila, se apresuró a fichar a otro bróker que ya no es SAT Aero Holdings, la de Félix Sánchez y Luis Evia, para que le arrienden uno. Ya identifica­ron un Boeing 737-700, es decir: de la antigua generación.

EVEREST WINE SPIRITS, la segunda empresa más importante de La Europea, recién fue admitida también a trámite de concurso mercantil por el Juez Segundo Especializ­ado en Materia Concursal, Saúl Martínez Lira. Estamos hablando de la compañía que se encarga de importar el catálogo de bebidas que componen la oferta de la empresa que dirige José Ramón Ruiz. Éste busca por todos los medios blindarse de los bancos acreedores, que como le informé hace unos días, pese y a las medidas cautelares obtenidas, ya iniciaron el embargo de cuentas. Los más agresivos han sido hasta ahora Bx+ de Antonio del Valle y BBVA que preside Eduardo Osuna. Pero también figuran Citibaname­x, Santander y Sabadell.

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OLIVER PILARES
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SERGIO DÍAZ-GRANADOS
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JOAQUÍN VARGAS MIER Y TERÁN
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JOSÉ RAMÓN RUIZ
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ALBERTO DE LA FUENTE
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LUIS EVIA
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ADRIÁN CERVANTES
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ZOÉ ROBLEDO

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