Salgado, el INE y AMLO
El desencuentro entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral (INE) a causa del muy complicado proceso electoral por la gubernatura del Estado de Guerrero, y la defenestración o permanencia de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena, parece estar rebasando los límites no sólo de las buenas maneras, sino también las estructuras y mecanismos políticos y legales que se han ido construyendo desde hace al menos cuatro décadas.
Las encuestas de opinión apuntan a que los comicios del próximo junio los ganaría el candidato de Morena, el ingeniero agrónomo Félix Salgado Macedonio, de 64 años, larga militancia en ese movimiento y que compite por tercera ocasión por llegar al palacio de Gobierno de esa entidad.
Ahora bien, Salgado ha cultivado una imagen de rústico y populachero, macho incluso, que ha sido aprovechada por sectores de la oposición para tratar de impedirle la participación en la lid. El primer intento fue acusarle de varias instancias de acoso sexual, y violación también, lo que causó un gran revuelo, y una sustancial baja de popularidad sobre todo en el entorno femenino. Poco se logró en términos legales: Las acusaciones no prosperaron y la militancia lo volvió a seleccionar como candidato por abrumadora mayoría.
Surgió entonces una segunda denuncia, esta vez por incumplir las normas electorales. En concreto se le imputa no haber reportado los gastos de la precampaña hacia la gubernatura. La defensa de Salgado arguyó que en Morena no hubo periodo de precampaña, lo cual formalmente es verdad, pero el INE respondió que se realizaron actos públicos orientados hacia la candidatura, y los gastos de tales eventos cumplen el supuesto y se deben haber reportado. Con ese argumento eliminó la candidatura del morenista, y dejó el campo abierto para que el resto de candidatos, siete en total, compita entre sí, sin la sombra amenazadora del morenista, a quien favorecían las encuestas.
Llama la atención que el monto de lo no reportado asciende a 19 mil pesos solamente, una mínima fracción del presupuesto aprobado para precampañas por el INE, que en otros comicios ha estado muy lejos de anular candidaturas aun en casos de excesos presupuestarios más voluminosos. Si bien la decisión resulta legal, no parece legítima y la sanción resulta desproporcionada, frente a lo nimio de la presunta infracción. Tal disparidad en el castigo da pie a sospechar una voluntad no tan recta, orientada a impedir que un aspirante en particular participe y eventualmente llegue al cargo de Gobernador de Guerrero.
Eso se refuerza porque hay testimonios que afirman que no se aplicó el mismo rasero a los candidatos de otros partidos: En todos, dicen, hubo irregularidades; sólo a Salgado se sancionó.
Al presidente López Obrador el episodio le debe haber recordado las maniobras del Gobierno de Fox para impedir que compitiera para la presidencia en 2006; entonces, bajo el subterfugio de una legalidad “formal” pero frágil y muy poco aseada, se pretendió desaforarlo y enjuiciarlo para impedirle ser candidato. Ahora AMLO se subió a la palestra, tomó el lado de Salgado Macedonio, y se manifestó contrario a la decisión del Consejo del INE, la que consideró poco democrática por haber anulado una candidatura viable con un castigo excesivo para una falta administrativa por demás exigua.
El problema puede rebasar el caso Guerrero y plantar al Ejecutivo en una querella complicada, que derive en situaciones en las que la figura presidencial se vea menguada y deteriorada, por una parte, y por la otra, poner en entredicho al INE, en su misión como árbitro del proceso electoral. Si bien en este caso hay elementos para maliciar que el mediador electoral no es imparcial, y la decisión incorrecta políticamente, no se le debe descalificar absolutamente, sino evaluarlo desde la política y la legalidad; pero tampoco parece adecuado que la crítica la realice la presidencia. Es desmesurado: La defensa de Salgado debería montarse desde su partido. La intervención de AMLO no parece aconsejable.