El arrebato
Aquí la lista de lo que el Plan B de “reforma electoral” nos quiere arrebatar. La envío con dedicatoria especial al presidente López Obrador y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que ambos se avergüencen. Y ojalá los ciudadanos lean el libro “La democracia no se toca” para que defiendan lo que construimos.
* Un padrón confiable, elaborado por miembros del servicio electoral profesional. Regresaríamos al padrón amañado, repleto de personas muertas o inexistentes, armado por el partido oficial.
* La certeza de saber que una persona introdujo un voto en la casilla y sólo votó una vez. Regresaríamos a las “urnas embarazadas”, los “carruseles”, al padrón rasurado, la “rueda de la fortuna”, los muertos votantes, la “operación tamal”, el “taqueo de votos”, las “casillas zapato”, y los camiones cargados de electores movilizados por el partido en el poder, para ir de casilla en casilla.
* La certeza de saber cuántos y quiénes votaron. Regresaríamos a la era de “la caída del sistema”, en la cual el secretario de Gobernación nos daría el resultado “oficial”.
* La legitimidad del ganador sería cuestionada por los partidos de oposición. Regresaríamos a la época de los presidentes impuestos por la vía del fraude y la elección de Estado.
* La posibilidad de solucionar los conflictos post-electorales por la vía institucional. Regresaríamos a la era de protestas masivas, calles tomadas, oficinas de Gobierno rodeadas, ganadores ilegítimos y perdedores enfurecidos.
* El voto libre y secreto. Regresaríamos a la época donde las funciones de representantes ciudadanos de casilla serían llevadas a cabo por miembros del partido/Gobierno. Ellos vigilarían cómo vota su clientela electoral.
* El voto impreso en papel seguridad, con componentes que lo hacen infalsificable, y la tinta indeleble para que nadie pueda votar varias veces. Regresaríamos al voto falsificado, múltiple, y con resultados inducidos para beneficiar al partido en el Gobierno.
* Más de 8,000 funcionarios especializados en materia electoral, seleccionados a través de un concurso público, capacitados permanentemente en funciones y evaluados de manera periódica. Regresaríamos a elecciones manipuladas por “mapaches” electorales, pagados por el partido oficial para asegurar su triunfo.
* La insaculación de ciudadanos capacitados que instalan casillas, reciben votantes -que son sus vecinos- y cuentan los votos. Regresaríamos a elecciones organizadas por el partido en el Gobierno, con funcionarios del oficialismo manejando las casillas a su antojo.
* Condiciones básicas de equidad entre los candidatos. Las “corcholatas” del partido oficial tendrían acceso a más recursos, publicidad y apoyos gubernamentales, en detrimento de sus competidores. Regresaríamos a la era donde el Presidente imperial hacía campaña a favor de sus candidatos y luego elegía a uno por “dedazo”. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López -así como todos los candidatos de Morena- gozarían de ventajas ilegítimas en sus pre-pre-prepre-campañas.
* La capacidad de fiscalizar a los partidos para comprobar que sus gastos han sido financiados por fuentes lícitas y conocidas. Regresaríamos a la era del “Pemexgate”, al paso de la charola llevado a cabo por presidentes como Carlos Salinas, y a la infiltración cada vez peor del narco en las contiendas.
* La capacidad de multar a los partidos cuando hacen trampa. Regresaríamos al País sin Tribunal Electoral o juntas locales o distritales del INE, y los ciudadanos o los partidos de oposición no tendrían dónde someter sus quejas electorales.
* Instalación suficiente de casillas a tiempo y a nivel nacional. Regresaríamos a la era de casillas colocadas según criterios políticos para permitir los fraudes electorales y la victoria del partido oficial.
* La credencial de elector como garantía de identidad. Regresaríamos a las elecciones sin documentos legítimos para votar ya que serían elaborados en las oficinas del Gobierno, lo cual permitiría que muchos ciudadanos fueran excluidos de forma arbitraria.
* La autonomía de la autoridad electoral frente al Gobierno y a los intereses de cualquier partido. Regresaríamos a la era de una Comisión Federal Electoral controlada por el secretario de Gobernación, donde el partido en el poder era juez y parte, jugador y árbitro al mismo tiempo. Regresaríamos al Pleistoceno Priista.