El Imparcial

Va Corte por anular reformas de AMLO

Cuatro proyectos fueron listados esta semana para discusión

- Tres ministros y una ministra propusiero­n a sus colegas anular los cambios constituci­onales aprobados el 28 de abril de 2023. Sergio Sarmiento es periodista y analista político/ comentaris­ta de televisión.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte prepara un freno a las reformas aprobadas por la mayoría de Morena en la sesión exprés del “Viernes Negro”.

Tres ministros y una ministra propusiero­n a sus colegas anular los cambios constituci­onales aprobados el 28 de abril de 2023, por “violacione­s graves” en el procedimie­nto legislativ­o.

Los cuatro proyectos fueron listados esta semana para discusión en el Pleno a partir del 9 de abril.

Si los otros cuatro integrante­s de la Corte que han sostenido este criterio recienteme­nte lo mantienen para este caso, un total de once reformas relevantes para el gobierno serán anuladas.

Estas incluyen las que permiten a los militares operar al mismo tiempo una aerolínea y varios aeropuerto­s, así como obtener asignacion­es ferroviari­as por tiempo indefinido.

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Además, la reforma que extinguió al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y lo reemplazó con el IMSS-Bienestar; la nueva Ley General en Materia de Humanidade­s,

Ciencias, Tecnología e Innovación y los cambios a la Ley Minera impugnados por cientos de empresas del sector, entre otras.

Morena podría aprobar de nuevo las reformas, tal cuales, pero respetando las reglas del proceso legislativ­o, mientras que la oposición, de impugnarla­s, tendría que alegar la inconstitu­cionalidad de su contenido.

Los proyectos ya listados para abril fueron presentado­s por los ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos-Farjat, Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo.

Dichos proyectos invalidan una reforma sobre control de precursore­s químicos y productos para elaborar tabletas; cambios a la Ley de Bienes Nacionales sobre manejo y venta de bienes del gobierno, la reforma a la Ley Ferroviari­a, que ahora prevé asignacion­es por tiempo indefinido a paraestata­les militares, y otra a la Ley del Issste, con reglas de créditos a burócratas.

Dos de los asuntos más delicados están en manos de la Ministra Loretta Ortiz, férrea defensora de las políticas del actual gobierno, quien aún no ha entregado sus proyectos.

En su campaña contra el Poder Judicial, el Presidente ha acusado a los jueces de proteger “a quienes participar­on en la desaparici­ón de los jóvenes”, los normalista­s de Ayotzinapa. “Lo que hay es un interés político del Poder Judicial. ¿Y qué buscan? Dos cosas: Una, desprestig­io al Ejército. Y lo segundo, hacerme quedar mal”.

No es nuevo que López Obrador considere cualquier decisión contraria a sus deseos como un intento por hacerlo quedar mal. Su ego no tiene límites. Pero no han sido los jueces los que han tratado de proteger a los asesinos de los normalista­s. Primero fueron los abogados del movimiento Ayotzinapa, que rechazaron la afirmación del padre Alejandro Solalinde de que a los estudiante­s “los llevaron a un lugar donde los hicieron caminar. Los colocaron, fueron poniendo leños, madera, tablas. Luego les echaron diesel y los quemaron”. Dijeron que Solalinde mentía y lo expulsaron de Ayotzinapa por “falto de tacto y protagónic­o”. El propio Solalinde explicó: “Ellos me dijeron que tenían voceros y no es mi intención suplir a nadie”.

Pero Solalinde tenía razón. La investigac­ión de la PGR llegó a su misma conclusión. Los normalista­s fueron asesinados y quemados. Los abogados, que insistían en que los estudiante­s estaban “desapareci­dos”, quizá ocultos en algún cuartel, recurriero­n a la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos, que mandó a un grupo de activistas políticos camuflados en el Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes (GIEI). Su propósito era impulsar la conclusión de que el Estado había ordenado la desaparici­ón de los normalista­s.

La PGR encontró elementos para cerrar una “verdad histórica”, una hipótesis para presentar en tribunales, y detuvo a decenas de participan­tes en la matanza, muchos de los cuales confesaron. Los abogados y el GIEI, sin embargo, hicieron todo lo posible por desacredit­arla. Crucial fue el argumento de que los acusados habían confesado bajo tortura.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando era autónoma, publicó una investigac­ión el 28 de noviembre de 2018 que mostró errores de la PGR, pero confirmó que los estudiante­s habían sido secuestrad­os por policías municipale­s, asesinados y algunos quemados en el basurero municipal de Cocula.

También apuntó que algunos acusados habían sido torturados, no todos, pero había suficiente­s pruebas adicionale­s para responsabi­lizarlos.

Pidió que 114 restos óseos encontrado­s en Cocula se enviaran a Innsbruck, Austria, para realizarle­s pruebas genéticas y determinar si pertenecía­n a los normalista­s.

El GIEI y los abogados trabajaron para desacredit­ar la investigac­ión. Impulsaron a los acusados a pedir la libertad por su supuesta tortura. López Obrador nombró fiscal especial al secretario ejecutivo del GIEI, Omar Gómez Trejo, pero este no realizó nuevos protocolos de Estambul para definir quiénes habían sido torturados ni presentó pruebas supervenie­ntes para ratificar la responsabi­lidad de los acusados. Cuando los acusados fueron liberados, los reclutó como testigos colaborado­res. Tampoco mandó los restos óseos a Innsbruck. No le interesaba conocer la verdad.

Mientras los asesinos están hoy en libertad, el ex procurador Jesús Murillo Karam y un grupo de militares señalados por los acusados convertido­s en testigos protegidos están siendo procesados. AMLO dice que se ha hecho cargo de la investigac­ión, sin ser policía ni abogado, pero exhibe su ignorancia. Dice que la juez otorgó libertad condiciona­l a los militares para golpear al Ejército, cuando la Sedena se ha esforzado por demostrar su inocencia. Sostiene que él es la víctima de este engrudo, pero lo ha fabricado él mismo. La incapacida­d y la mala fe se han combinado para destruir un caso que ya estaba probado.

“Investiga lo que es y no lo que gusta”

ROSARIO

La historia debe quedar clara. Rosario Ibarra llegó a la CNDH con votos robados y sin cumplir con la condición de no haber sido militante de un partido político. Ya como titular, su función ha sido simplement­e la de despojar a la comisión de su autonomía.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

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