Acusan que la Segob busca con juicio político controlar al Poder Judicial
Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito respalda a juez
CIUDAD DE MÉXICO.- En respuesta a la solicitud de juicio político contra el juez de control Crescencio Contreras Martínez, los jueces y magistrados federales del País reprobaron que el Gobierno federal use este mecanismo para tratar de controlar al Poder Judicial y que pretenda ganar en la opinión pública lo que no puede demostrar en un proceso.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respaldó la actuación del juez del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Tamaulipas, y sostuvo que la liberación de un imputado que le cuestionan es consecuencia de la deficiente investigación de la FGR.
Al mismo tiempo, aseguró que la Secretaría de Gobernación difundió ayer información inexacta contra el juez, ya que -al menos en la audiencia judicial- la Fiscalía no imputó a este sujeto por tráfico de fentanilo y el secuestro de 31 migrantes, caso al que lo relacionó el comunicado la dependencia.
“Para esta Asociación Nacional, la actuación del Juez de Distrito mencionado se realizó apegada a la ley. Si en este caso la resolución emitida resultó favorable al imputado fue debido a la deficiente actuación de la Fiscalía
General de la República, como el juzgador lo advirtió de forma precisa y reiterada en la fundamentación de su fallo”, dijo en un comunicado el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, director de la asociación.
“Contrario a lo expresado por la Secretaría de Gobernación, la actuación del Juez de Distrito fue, en todo momento, apegada a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen las actuaciones de los juzgadores federales. El juzgador actuó única y exclusivamente basándose en los datos de prueba que obran en autos, sin tomar en consideración criterios políticos ni presiones externas. No se puede pretender ganar en la opinión pública, lo que no se puede demostrar con eficiencia en las fases procesales.
“La solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del Gobierno en turno para controlar o acechar al Poder Judicial, porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras”.