Ordena jueza regresar a prisión a ocho militares por caso Ayotzinapa
Apenas hace una semana quedaron en libertad provisional
CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza federal giró una nueva orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada contra los ocho militares que están bajo proceso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que apenas hace una semana quedaron en libertad provisional.
Raquel Duarte Cedillo, juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, instruyó el mandamiento judicial contra los integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería, confirmaron fuentes allegadas al caso.
Por separado, la defensa de los militares, encabezada por Alejandro Robledo Carretero, informó que tres de los soldados ya fueron aprehendidos y anticipó que los otros cinco se entregarán hoy mismo de manera voluntaria a las autoridades, tal como lo hicieron el año pasado, cuando eran perseguidos por la desaparición de los estudiantes.
En las próximas horas comparecerán ante la jueza, para una audiencia de declaración preparatoria.
Los ahora prófugos son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz.
Apenas el pasado 24 de enero habían abandonado el Campo Militar Número 1, luego de que la jueza Duarte les cancelara la prisión preventiva oficiosa y les concediera el beneficio de llevar en libertad provisional su proceso penal por la desaparición forzada de los estudiantes.
En esa misma fecha, la Secretaría de Gobernación dijo que pediría a la FGR que, de ser posible, solicitara nuevas órdenes de aprehensión en contra de los militares involucrados en el caso Ayotzinapa, que obtuvieron su libertad provisional.
Para salir de la cárcel, hace una semana, los militares pagaron una garantía de 50 mil pesos y quedaron sujetos a la presentación periódica los días 1 y 16 de cada mes y el pago de una garantía de 50 mil pesos, la entrega de sus pasaportes, y la prohibición de salir del País.
También a la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, específicamente el Estado de Guerrero; y de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.