Confirma la Corte: Gobierno federal debe informar sobre Pegasus
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó ayer órdenes para que el Gobierno federal entregue información sobre los casos Pegasus y Calizas Industriales del Carmen (Calica).
Por nueve votos contra dos, el Pleno de la Corte rechazó tres recursos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) que, alegando razones de seguridad nacional, buscó anular y mantuvo congeladas durante años órdenes del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Las disidentes en ambos casos fueron las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres, esta última consejera Adjunta en la CJEF hasta diciembre pasado.
SOBRE PEGASUS
En el caso de Pegasus, el INAI ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregar “versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios”, todos relacionados con la compra del software israelí de espionaje telefónico, adquirido por el Gobierno en 2014.
Esta información fue solicitada a la UIF luego de que su ex titular, Santiago Nieto, expuso detalles sobre la compra de Pegasus el 21 de julio de 2021.
Nieto informó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR pagó 32 millones de dólares a la empresa NSO Group, y que, en total, se hicieron pagos por más de 6 mil millones de pesos que involucraron a múltiples empresas y dependencias.
En esa ocasión, Nieto dio los nombres de todas las empresas, y otros detalles, pero ante las solicitudes de información, la UIF decidió reservar los datos por cinco años, alegando que se pondrían en riesgo sus técnicas de inteligencia y la investigación de probables delitos.
CASO CALICA
En noviembre de 2022, el INAI ordenó entregar copia de la denuncia que el Gobierno presentó en junio de ese año contra Calica ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Desde 2019, el Gobierno federal y la firma estadounidense Vulcan Materials, dueña de Calica, litigan un arbitraje por lo que esta última describe como el despojo de su concesión para explotar piedra caliza en Quintana Roo, mientras que el Presidente ha atacado reiteradamente a la empresa en sus conferencias por supuestos daños ambientales.
La Corte aclaró que, al reservar su denuncia ante la ONU durante cinco años, la Semarnat no mencionó que su difusión implicara algún riesgo a la seguridad nacional.