EDUARDO RUIZ-HEALY
La guerra de los números que pone en riesgo a las personas
Durante su conferencia de prensa del jueves pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el contenido de un artículo publicado un día antes por el diario The New York Times (NYT), que se refiere a una supuesta investigación del Gobierno estadounidense en torno a un presunto financiamiento del crimen organizado a su campaña presidencial de 2018 y menciona a sus hijos y gente cercana a él. El artículo anota que la investigación se cerró porque las autoridades de Estados Unidos no encontraron nada que lo involucrara en dicho asunto.
Sin embargo, AMLO dijo que ese artículo cuestionaba su honestidad y honorabilidad y, ya sea sin querer o queriendo, mostró el número del teléfono celular de Natalie Kitroeff, la jefa de la oficina del NYT en la Ciudad de México. Al hacerlo, violó la Ley de Protección de Datos en Poder de Personas Obligadas.
Al día siguiente, dijo que “Por encima de esa ley, está la autoridad moral y la autoridad política, y represento a un país y a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente que, porque es el New York Times, nos va a sentar en el banquillo de los acusados”. Es más, aceptó que volverá a difundir el teléfono privado de un periodista “cuando se trate de un asunto en donde esté de por medio la dignidad del Presidente de México”.
Cuando se le dijo que cualquiera puede llamar y amenazar a la periodista, respondió que “no pasa absolutamente nada” y que ella puede, al final de cuentas, cambiar el número, sabiendo muy bien que sí puede pasar algo porque el domingo, al comentar que en redes sociales habían divulgado el número del celular de su hijo José Ramón, dijo que era un hecho “muy vergonzoso”.
Al difundir su número, Andrés Manuel expuso a la periodista a muchos riesgos, desde llamadas molestas hasta situaciones que comprometan su integridad física y financiera.
Kitroeff, José Ramón, las dos candidatas presidenciales y otros cuyos números también fueron difundidos en las redes sociales, en lo que ya es una guerra entre defensores y detractores de AMLO, están expuestos a estos riesgos: Acoso y llamadas de spam; robo de identidad y fraude porque personas malintencionadas pueden acceder a su vida digital y financiera; riesgos para su seguridad física porque pueden ser localizados y confrontados en el mundo real; amenazas de extorsión, chantaje y secuestro; ataques de ingeniería social con base en la información guardada en el equipo; acceso a su red personal y profesional; mayor vulnerabilidad ante quienes obtengan su información; riesgos legales y profesionales debido a que la información puede poner en riesgo su reputación; pérdidas financieras a través de una intrusión en las cuentas de la banca móvil y el comercio electrónico; y estrés sicológico causado por la preocupación por su seguridad digital.
Es mínimo el tiempo que puede pasar entre que un número de celular se hace público y el momento en que los delincuentes comienzan a aprovecharlo de manera maliciosa, debido a que utilizan herramientas automatizadas que les permiten cometer sus fechorías digitales.
Ni el Presidente ni nadie deben divulgar datos de personas sin su autorización. No sólo es ilegal sino que, al hacerlo, las ponen en alto riesgo.