LO QUE ÉL QUISO DECIR
RUBÉN AGUILAR VALENZUELA
El Ejército y sus operaciones en ciberespacio
El Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC) es una unidad que depende de la subjefatura de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y se integra con 178 efectivos militares.
Su objetivo es realizar “operaciones militares en el ciberespacio” y entre sus tareas están las actividades defensivas orientadas a proteger la infraestructura militar, acciones de “ciberinteligencia” y también realizar operaciones de “defensa reactiva”.
Desde 2016, la Sedena ha invertido cientos de millones de pesos en el COC, que es organizado en seis secciones: 1) Monitoreo, 2) Respuesta a Incidentes, 3) Seguridad de la Información, 4) Operaciones, 5) Doctrina y Desarrollo, y 6) Administrativa.
Se ubica en el Campo Militar 1-A, en un edificio semicircular de concreto junto al Centro Militar de Inteligencia (CMI), agencia militar secreta que ha operado ilegalmente el programa Pegasus durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
El pasado febrero la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) publicó una investigación sobre las operaciones del COC. La R3D es una organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, que desde 2014 desarrolla investigación y litigio estratégico para asegurar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.
La investigación muestra que el COC realiza actividades de monitoreo de personas usuarias de redes sociales que hacen comentarios o publicaciones críticas hacia las fuerzas armadas o al Gobierno federal. Y también crean perfiles falsos para obtener más información sobre sus amistades, sus familiares y sus redes de contactos. Además, emplean un software especializado para operar granjas de usuarios simulados (bots) para “ejercer influencia suave sobre la opinión pública”.
Para realizar sus acciones de monitoreo, el COC utiliza el software Hiwire, adquirido en 2020, desarrollado por la empresa israelí WebintPro, que tiene capacidad de monitoreo de redes sociales y puede “identificar activistas e influenciadores clave” y “monitorear redes opositoras en tiempo real”.
De acuerdo al Manual de Organización y Funcionamiento (MOF) se establece un “Grupo de Operaciones de Influencia y Sensibilización”, que tiene como parte de sus objetivos 1) “analizar la ideología de los grupos desafectos al Ejército mexicano, a fin realizar campañas que logren desvirtuarlas”; 2) “desvirtuar las frases que han originado daño a la imagen institucional del Ejército mexicano”; y 3) “desvirtuar la propaganda que busca vulnerar la imagen, identidad, cohesión, existencia y permanencia del Ejército mexicano”.
Las actividades del COC no se encuentran contempladas dentro del marco legal. Por ello, una de las prioridades de la Sedena ha sido impulsar la creación de un marco jurídico “que dé sustento legal a la actuación de las fuerzas armadas en el Ciberespacio”. La investigación de R3D se basa en los correos electrónicos filtrados por el colectivo Guacamaya. Hay todavía mucha tela de dónde cortar.
La perseguida
Rosario Robles ha sido una perseguida política. Quizá una razón es que es mujer. Fue acusada de omisión en el ejercicio de sus funciones cuando era secretaria de Desarrollo Social por la llamada “Estafa Maestra”. Pasó tres años en prisión preventiva justificada, es decir, ordenada por el juez Felipe Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, y no por la ley, hasta que fue declarada inocente por un tribunal tras otro. Es la misma acusación que se le hizo a Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, por el incendio en la estación temporal de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023 y en el que murieron 40 migrantes. Sin embargo, Garduño no sólo está enfrentando su juicio en libertad, sino que se le ha mantenido en su cargo. Claro que Garduño es hombre, pero además tiene la amistad del presidente López Obrador.
El 18 de septiembre de 2019 la Secretaría de la Función Pública anunció con bombo y platillo la inhabilitación de Rosario Robles por 10 años. Se le acusó de “falta de veracidad en la declaración patrimonial”. Un comunicado señalaba: “Con esta sanción, afirmó la secretaria [Irma Eréndira] Sandoval Ballesteros, se impulsa el principio de honradez que rige al servicio público, en busca de una nueva Ética Pública en el Gobierno de México [mayúsculas en el original], y se refrenda el compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y a la impunidad”.
El comunicado no aclaraba cuál era esa “falta de veracidad”. La ex secretaria, presuntamente, había omitido declarar una cuenta bancaria con 2,887.86 pesos. Sí, leyó usted bien; la SFP de López Obrador inhabilitó a Robles por supuestamente no declarar una cuenta con menos de 3 mil pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló otra cuenta de Robles, la principal, para acusarla de delincuencia organizada. ¿Cuánto dinero tenía? “Alrededor de 20 mil pesos”, nos dijo ayer en entrevista a Guadalupe Juárez y a mí. “No soy muy buena para ahorrar”, confesó.
En su libro Rosario de México escribe: “Pero luego de dos libros y cientos de artículos, es claro que no se ha demostrado que desvié para mí o para campaña política alguna ni un centavo. A tres años no me han demostrado una propiedad, un Pandora-paper o un Panama-paper, nada adicional a lo que yo he ganado durante toda mi vida con trabajo duro y puro”. La persecución, señala, trataba “de destruir toda una estrategia social que había dado buenos resultados, sepultarla para poder justificar la entrega de recursos sin reglas de operación, sin metodología, como si fueran una dádiva del Gobierno actual. Mi presencia además incomodaba a López Obrador. Era ampliamente conocida en el País, venía de la izquierda y además soy mujer”.
López Obrador culpó a Robles de la divulgación de los videos de René Bejarano, esposo de Dolores Padierna, y de otros funcionarios del Gobierno capitalino que él encabezó del 2000 al 2005. Esta animadversión lo ha hecho olvidar el apoyo que recibió de ella como jefa de Gobierno en 1999 y 2000 o desde la presidencia del PRD en 2002 y 2003.
Nadie más ha sido encarcelado por la “Estafa Maestra”, ni siquiera Emilio Zebadúa, el oficial mayor de Sedesol responsable de manejar esos fondos. Se ha demostrado que la licencia de conducir que absurdamente usó el juez Delgadillo Padierna para negarle la libertad condicional, pese a que ella había regresado del extranjero para presentarse a un citatorio, fue falsificada. En el caso de Rosario no se buscaba hacer justicia, sino cobrar venganza.
“Fui alguien a quien varios de los hombres más poderosos del País coincidieron en que no sólo debían darme una lección sacándome del terreno público, sino que era necesario sepultarme políticamente”,
LOS ABOGADOS
En esta ocasión estoy de acuerdo con el Presidente que ayer dijo: “Yo quiero hablar con las mamás y los papás de los jóvenes. No me dan confianza los intermediarios”. Efectivamente, los abogados de los padres de los normalistas de Ayotzinapa han estado más interesados en demostrar que “Fue el Estado” que en encontrar la verdad.
ROSARIO ROBLES.