ZALDÍVAR Y LA GUERRA DE LAS TOGAS
La ministra Norma Piña tomó una decisión inusitada al dar curso a una indagatoria sobre el comportamiento del exministro Arturo Zaldívar mientras este fue presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura.
El expediente en instrucción J/ 108/ 2024 será un parteaguas dentro del Poder Judicial y sus consecuencias son impredecibles en estos momentos, porque significará un enfrentamiento directo con la presidencia de la República y una guerra de togas en el máximo tribunal.
Esto es así, porque la densidad política sobre lo que se indagará es central, debido a lo que se tiene que definir es si existió, entre otras irregularidades, “la vulneración de la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
En los hechos, lo que estará en el banquillo, es la relación que estableció el ministro Zaldívar con el titular del Poder Ejecutivo, un tema conocido, pero enmarañado si se atiende a los datos y nombres que se asientan en la denuncia.
El presidente López Obrador y la candidata de Morena respaldan a Zaldívar, argumentando que se trata de una venganza y el exministro lo coloca dentro del golpeteo propio de la contienda electoral.
Es probable que exista una motivación de arruinar la incipiente carrera política y partidista de Zaldívar, pero lo central son los pelos y las señales sobre lo que presuntamente ocurrió en los pasillos de la corte y los tribunales entre 2019 y 2022.
Más allá del anonimato de los redactores, consignan nombres de presuntas víctimas de presiones y amenazas.
Es un largo listado de jueces y magistrados ante los que se pretendió influir, citándolos en las oficinas del Consejo de la Judicatura y advirtiéndoles de las consecuencias de no acatar instrucciones específicas.
La Unidad de Responsabilidades Administrativas tiene las más amplias facultades para indagar sobre un relato que establece todo un esquema de presión en asuntos de alto impacto como la Ley de Hidrocarburos y la Industria Eléctrica, los aeropuertos de Texcoco y Santa Lucía, el Tren Maya, el juicio a Emilio
Lozoya, el fraude al Infonavit, la cooperativa Cruz Azul, la familia Jenkins y las órdenes de captura en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros expedientes de calibre.
Hay cuando menos dos dimensiones del problema.
Una es la política, cuyas consecuencias serán duras, más allá de cómo se desarrollen las cosas, la otra es sobre la veracidad o no de lo denunciado, ya que el alcance puede ser desastroso para el propio Poder Judicial.
La ministra Piña fue valiente, eso nadie se lo regateará, lo que estará en la balanza es sí también se le puede atribuir una estrategia acertada.
El contexto es un factor clave y el momento en que se hizo pública la indagatoria sobre el exministro Zaldívar también, pero hay que tener en cuenta que para la presidenta de la Corte era sumamente complicado no actuar en consecuencia de lo que se plantea en la denuncia, ya que podría ser acusada, en su momento, de omisión y de encubrimiento.
Es imposible salirse del espacio electoral, pero es indispensable, a la vez, que todo se haga con el rigor que se requiere y seguramente así se hará.
Lo que concluyan en la Unidad de Responsabilidades Administrativas, acaso sea lo único que se sabrá con certeza, ya que, siendo realistas, no hay modo de transite en la FGR, si fuera el caso.
Pero quien lea los elementos de la denuncia sabrá que no hay forma de no quedar alarmados, mientras no se esclarezca la verdad de los hechos.
Por lo demás, mucho de lo que se alega es conocido, sobre todo en lo que se refiere al maltrato que recibieron juzgadores que no se atuvieron el relato que se les exigía, pero adentrarse en las entrañas de esos mecanismos, puede causar repulsión.
El presidente López Obrador y la candidata de Morena respaldan a Zaldívar, argumentando que se trata de una venganza y el exministro lo coloca dentro del golpeteo propio de la contienda electoral
LAS VÍSPERAS DEL 2024
En el INE están en proceso de aclarar las inconformidades de los mexicanos que están en el exterior y recibieron un correo electrónico en el que se les señaló que no podrán votar.
El consejero Arturo Castillo admitió que se trató de un error de comunicación, pero que existe la voluntad de corregirlo.
Lo que es claro, es que no hay fraude alguno en marcha, sino una supervisión de los registros, es decir, separar la paja del trigo.