INE: VOTO EN EL EXTRANJERO
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una revisión de 42 mil 436 solicitudes, la mayoría de éstas con credenciales tramitadas en México. De este análisis realizado por el INE resultó la improcedencia de 39 mil 724.
De las cuales, mil 830 con irregularidades o inconsistencias en la firma, es decir, presentan rúbricas ilegibles, fotocopias en lugar de firma autógrafa o falta de coincidencia con la firma de la credencial.
Al respecto, el presidente de la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Arturo Castillo Loza, aseguró que el INE tiene como prioridad “garantizar la integridad y la confiabilidad de la lista nominal de electores y que aquellas personas que auténticamente solicitaron su registro para votar desde el extranjero puedan subsanar sus registros”.
De acuerdo con la información estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Organización Internacional de las Migraciones, México es el segundo país más importante en expulsión migratoria cerca de 11,8 millones de personas nacidas en territorio nacional, viven fuera de las fronteras nacionales, equivalente al 9.36% de la ciudadanía mexicana y al 4.3% de la migración mundial total.
Por las características propias de la migración mexicana, el 38% de las personas residentes en Estados Unidos, se encuentran de forma no autorizada.
Desde 2005, México se ha sumado a una constelación de países –que hoy asciende a 153 que reconocen el derecho a votar en las elecciones nacionales, a su ciudadanía residente en el extranjero.
Si bien dicho derecho se garantizaba para elecciones presidenciales, no fue hasta la reforma electoral del 2014 en que se reconoció legalmente para las elecciones locales.
Así, el voto de la ciudadanía residente en el extranjero tiende a transformarse en un elemento de posible control electoral basado en la expansión del sufragio en tres dimensiones: como la capacidad de sumar votos a una elección y la posibilidad de ser decisorio; como un reto operativo para las instituciones electorales; y finalmente como un elemento que se compara con el ejercicio de la ciudadanía política, a través de un ingreso de recursos sumamente importante para México: las remesas.
En México, la participación electoral desde el extranjero se reconoce constitucionalmente desde el año 2005. Sin embargo, ese reconocimiento fue sumamente restrictivo, aprobado con cien días de antelación a la elección presidencial de 2006, y que tenía candados evidentes, entre ellos el pago del elector por el reenvío del voto postal. Tanto partidarios como detractores del voto en el extranjero se sorprendieron por la ínfima cantidad de votos que llegaron a nivel nacional.
Aunque se atribuía en un primer momento a la falta de tiempo para la implementación institucional, seis años después no hubo un cambio sustancial en los resultados extraterritoriales.
En la ley electoral de 2014 se contemplaba la posibilidad de implementar el voto por vía digital, pero este no fue desarrollado de manera satisfactoria en ese periodo, ahora se pretende implementarlo en esta elección del 2024 al igual que otras como el voto por correo postal y también el voto presencial
Luego de la reforma electoral de 2014 se abrió la puerta para credencializar a la ciudadanía residente en el extranjero.
Para la elección de 2018, más de 650 mil credenciales habían sido tramitadas entre el 2014 y el 2018.
Hasta el 25 de febrero, el INE recibió un total de 226,661 solicitudes de mexicanos en el extranjero para inscribirse en la Lista Nominal para poder votar. Un 53,27% son hombres y 46,72% mujeres.
En su mayoría son personas mayores de 53 años, según el último corte del INE.
En este sentido, llama la atención que el voto los mexicanos en el extranjero según Talleres Gráficos de México (TGM) sea del orden de las 107 mil 880 mil boletas electorales para la elección presidencial y una cifra igual para las senadurías.
Un reto permanente es la incorporación de las elecciones al mundo digital, no sólo es necesaria la adecuación del marco jurídico, sino también el consenso entre todas las fuerzas políticas.
Los acuerdos permitirán establecer las bases para impedir controversias y evitar nulidades.
En lo que respecta a las condiciones tecnológicas, en México debe atenderse la doble vertiente del voto (digital) y la urna electrónica (voto electrónico).
La valoración de la urna electrónica tendrá que establecer mediciones comparativas con las votaciones tradicionales que las autoridades electorales no han realizado.
Habrá que evaluar los tiempos de atención y la asistencia ciudadana de parte de los funcionarios, el flujo de electores dentro de las casillas, los tiempos para emitir el voto, realizar el escrutinio y cómputo e integrar los paquetes electorales.
Lamentablemente el único dato comparativo realizado por el INE, entre la urna electrónica y la tradicional, se refiere al tiempo de instalación en las casillas de votación.
En 2018, el tiempo promedio para instalar una casilla tradicional fue de una hora, mientras que en 2020 las casillas con urna electrónica tomaron en promedio 39 minutos.
Aunque existen mediciones de la elección de 2021, éstas no se han comparado con el uso de la urna tradicional, ni durante la misma elección ni con elecciones anteriores.
Se podría concluir que los tiempos de escrutinio, cómputo e integración de paquetes electorales serán mejores con la urna electrónica que, con la tradicional, lo cual sucedería siempre y cuando no existan fallas en los equipos ni en el suministro eléctrico.
Desde 2005, México se ha sumado a una constelación de países –que hoy asciende a 153 que reconocen el derecho a votar en las elecciones nacionales, a su ciudadanía residente en el extranjero