NORMA PIÑA ARRASTRA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A SU CONFLICTO CON EXMAGISTRADO ARTURO ZALDÍVAR
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, arrastra al Poder Judicial de la Federación a su conflicto con el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al orillar a jueces y magistrados apoyarla en su decisión de investigarlo a él, así como a funcionarios y exfuncionarios por supuestos actos de corrupción en su pasada gestión.
A través de un comunicado, la asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) hizo pública la preocupación por la campaña difamatoria contra la ministra “por cumplir con la obligación que los ciudadanos demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”.
El exministro Zaldívar anunció ayer que promoverá juicio político en contra de Norma Piña por inventar cargos en su contra. La presidenta de la SCJN inició una investigación dentro de la propia Corte en contra de su antecesor originada por las denuncias de varios magistrados y jueces a quienes Zaldívar habría presionado para obtener sentencias y fallos favorables al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En este contexto, la asociación explica en su escrito que “el juicio político es un instrumento Constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos, pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante”.
En el comunicado también se refieren a la acusación del exministro de que se busca afectar a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, al decir que rechazan “cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos de irregulares como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico”.
El texto destaca que “todos los servidores públicos y quienes pertenecen a la carrera judicial están comprometidos con la rectitud en su actuar y deben comportarse conforme al Código de Ética del Poder Judicial Federal, así como asumir su responsabilidad por acción u omisión, frente a quejas y denuncias que se presenten en su contra”. Además, en el escrito se especifica que “no es atípico que se presenten quejas o denuncias en contra de las personas juzgadoras ante el Consejo de la Judicatura Federal, porque alguna de las partes considere que no se actuó conforme a determinados parámetros o porque no resultó ganadora en un proceso”.
De hecho, se agrega, “en los últimos años el número de quejas presentadas en contra de personas juzgadoras, por resolver en favor de los Derechos Humanos y en contra de las autoridades federales se ha incrementado exponencialmente y además mediatizado a tal grado que han puesto en riesgo su integridad y sus familias”.
Finalmente, en el documento firmado por el Magistrado Daniel Sánchez Montalvo, director nacional de la asociación, se refrenda el compromiso de todos los que forman parte de la carrera judicial con la Constitución, la sociedad y la justicia.