EL PODEROSO MENSAJE POLÍTICO
Enrique Toussaint nos da un acercamiento a lo que significa desinflar los privilegios del sector público y cómo toca las fibras sociales
En Estados Unidos existe el “desafío del salario mínimo”. Un grupo de organizaciones sociales invita a los representantes (diputados) a vivir un periodo de tiempo ganando el salario mínimo. La conclusión del ejercicio es, casi siempre, la misma y la reacción de los políticos, también: urge subir el salario mínimo. Suele minusvalorarse, pero la experiencia es un motor político y social de gran magnitud.
En México, existe la percepción extendida de que los políticos viven en un mundo muy lejano al real. No sienten las dolencias populares y se mueven en una burbuja de guaruras, asistentes, restaurantes caros, fiestas y cócteles, mujeres, prestaciones, privilegios, prebendas, autos blindados. Es decir, que hay una ruptura entre la política, que debería ser el instrumento para dar respuesta a los problemas públicos, y el sentir de una gran parte de la ciudadanía. No extraña que sean las medidas de austeridad y erosión de privilegios las que generan más consensos. Es inoperante un sistema político dividido en dos: entre aquellos que habitan los grandes palacios del funcionariado público y quienes todos los días deben enfrentar al México bárbaro, pobre, desigual y corrupto.
Y la consecuencia no es difícil de imaginar: él o ella no me representa porque no entienden mis problemas. Él o ella no me representa porque es una élite privilegiada en un país de 53 millones de pobres. Él o ella no me representa porque pertenece al 1% de la población que tiene ingresos por encima de los 100 mil pesos mensuales. Las instituciones, si quieren tener respaldo y legitimidad popular, tienen que parecerse al país. Es decir, es complicado creer en que un Congreso es representativo si un diputado gana 10 veces el promedio salarial de un ciudadano común y corriente, y sus prestaciones superan por mucho el ingreso anual de un hombre o mujer trabajadora. La experiencia sensibiliza y es natural que la clase política se vuelva endogámica, elitista y ajena a los problemas ciudadanos si todo los días experimenta un nivel de vida que sólo está al alcance del 1% de la población.
Por lo tanto, la austeridad republicana no sólo es un asunto de ahorro. No sólo es una agenda compatible con las exigencias de muchos ciudadanos que hierven en cólera cada que se enteran de bonos irregulares, privilegios insultantes y derroches inexplicables. Es también un postulado político. No supone ninguna casualidad que las democracias más avanzadas —las del Norte de Europa o Canadá— hayan cerrado durante la posguerra la brecha entre los salarios de los servidores públicos y el promedio de ingresos de un trabajador. Las democracias que incentivan esas asimetrías generan condiciones muy propicias para que el Estado coopte a una ciudadanía empobrecida. La legitimidad también se construye desde la empatía y el entendimiento del contexto social de un país.
La democracia mexicana tiene dos heridas, muy comprobables en estudios de opinión. La primera, es la crisis de eficacia. Es decir, el sistema político mexicano, que se consolidó después de 1997, no ha dado los resultados esperados. El desarrollo prometido no llegó y los males del ancien régime pervivieron. La democracia tiene también sus problemas y no es ninguna “tierra prometida”. La carencia de resultados ha provocado que muchos mexicanos se pregunten si vale la pena tantos sacrificios por la democracia -y no falta quien siente nostalgia en recuerdo de los años dorados del partidazo.
La segunda crisis es de representatividad. Los datos nos indican que estos problemas comenzaron a agudizarse a partir de 2008. El sistema de partidos en México, con sus problemas y complejidades, logró encauzar en tres grandes formaciones las identidades políticas de los ciudadanos. Hasta 2008, siete de cada 10 mexicanos decían simpatizar por alguno de los tres grandes partidos políticos. El fracaso del calderonismo y la erosión del reformismo de Peña Nieto han simbolizado el derrumbe del viejo sistema de partidos (hoy menos de cuatro de cada 10 votaron por algún destacado integrante del tripartidismo). En la actualidad, sólo dos de cada 10 simpatiza por partidos y el momento populista mexicano, más que una velada denuncia al establishment, es una aversión a la partidocracia.
En este contexto, hay quien critica las propuestas que López Obrador ha hecho en materia de austeridad. Los argumentos son variopintos: desde aquellos que consideran que 108 mil pesos como sueldo es muy poco y, por lo tanto, el Gobierno ya no va a atraer talento, hasta los que piensan que saldrá “más caro el caldo que las albóndigas” y no falta quien diga que se hace demagogia con esa agenda. Más allá de debatir punto por punto los propuestos por López Obrador, es fundamental señalar que la legitimidad del Gobierno como agente de cambio pasa por ser más eficiente en el uso de los recursos, demostrar que es posible reducir y castigar la corrupción, y que los espacios de representación no sean burbujas en donde los impuestos sostienen a una élite dorada. No sorprende que uno de los argumentos más extendidos para votar por López Obrador, y que se encuentran reflejado en las encuestas de salida, sea “creo que él es quien hará más cosas para gente como yo”. La legitimidad de López Obrador radica ahí: un político que da una imagen cercana y austera. En un México hastiado por los privilegios de una pequeña élite, la austeridad no sólo es cosa de pesos y centavos, sino también de representación y democracia.
Hay quien considera que la agenda de austeridad está yendo muy lejos. Que considera ridículo ver a los senadores merendando en la Cámara Alta con sus tuppers. O quien cree que la agenda de austeridad es más demagogia que otra cosa. Sin embargo, ante las décadas de excesos, en donde los privilegios se extendieron y se “normalizaron” en toda la administración pública, la austeridad republicana (o franciscana) es un guiño más cercano al México real. Es la aceptación de que el país no puede estar dividido entre una casta protegida y financiada por el Estado, y una inmensa mayoría de mexicanos que no tienen ni para llegar al fin de mes. El principal problema de México es la corrupción, pero también la desigualdad —entre hombres y mujeres; el Norte y el Sur; ricos y pobres; origen europeo e indígena; funcionarios de alto nivel y trabajadores—. No minimicemos la austeridad como mensaje, es una de las vías para recuperar la legitimidad de instituciones erosionadas hasta la médula.