La desaparición del IFT tiene la intención de concentrar el poder, no representa un ahorro ni beneficia a la ciudadanía
El Presidente López Obrador ha manifestado el interés de desaparecer órganos autónomos que tienen una gran relevancia en sectores clave, como es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con el argumento de la austeridad y la opacidad.
Desde la mañanera, el Presidente recurre al engaño para alcanzar sus objetivos, habla de un supuesto ahorro de 10 a 20 mil millones de pesos. El Presidente no ha explicado –como suele acostumbrar– cómo se logrará esto, ni profundizado en el verdadero impacto que tendrá su decisión.
Quiere desaparecer los organismos autónomos para continuar concentrando el poder y desaparecer los contrapesos. Incluso, está dispuesto a faltar a su palabra, pues sería una contradicción haber firmado el TMEC donde, en representación de nuestro país, se comprometió a contar con un órgano regulador de las telecomunicaciones autónomo y especializado.
¿El Ejecutivo firmó un tratado internacional con la intención de no cumplirlo?, poniendo en riesgo las relaciones comerciales y nuestra legitimidad frente a Estados Unidos y Canadá.
Antes de la creación del IFT, los precios en telefonía móvil eran 43% más altos y la cantidad de personas conectadas a internet era brutalmente menor. Por cada peso invertido en el IFT su labor genera 47 pesos de beneficios a la sociedad mexicana.
¿Por qué estos y otros datos no se comunican en la mañanera? Sería bueno que, en aras de la transparencia, invitara al IFT a dialogar públicamente para que la ciudadanía construya una opinión más sólida respecto al tema.
La forma en la que se eligen los comisionados es una de las cosas que incomoda al Ejecutivo; la “lealtad ciega” al proyecto de transformación está por encima de la integridad y la experiencia.
El IFT lo conduce un pleno de siete comisionados que son nombrados a través de un proceso que permite una mayor autonomía. Un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, analiza los perfiles y les realiza un examen para verificar su conocimiento en el tema. Posteriormente, el Comité envía una lista al Presidente de tres máximo cinco aspirantes que obtuvieron las calificaciones más altas. El Ejecutivo elige una de las personas y la envía al Senado para ser ratificado por mayoría calificada.
Así, se da prioridad al conocimiento y la experiencia sobre la amistad o contubernio.
No me cabe la menor duda que los organismos autónomos son necesarios para la democracia y, tampoco, que es necesario fortalecerlos y mejorar su rendición de cuentas. El IFT, para empezar, requiere una revisión de los niveles salariales, garantizar la paridad de género en el pleno –hoy solo hay comisionados hombres–también fortalecer los derechos de las audiencias y continuar con acciones para reducir la brecha entre los preponderantes. No existe argumento relevante para la desaparición del IFT, el supuesto ahorro solo es propaganda.