Para usar el celular, deben registrarse 6 millones en Estado
● Se estiman daños por siete mil millones de pesos al año en México por este delito. Jalisco es segundo lugar nacional
Tras la aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, seis millones de jaliscienses deberán entregar a las empresas telefónicas sus datos personales y biométricos (como huella dactilar, iris de los ojos, tono de voz y ADN, entre otros) si quieren seguir comunicándose a través de los celulares. A nivel nacional son 86.4 millones.
Con esto, el Gobierno federal pretende combatir las extorsiones y fraudes, entre otras operaciones criminales que se realizan con estos aparatos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) concentrará la información, que será compartida con las autoridades cuando se indague algún delito cometido con equipos móviles.
El IFT tendrá seis meses para emitir las disposiciones administrativas para crear el padrón. Publicadas, las compañías tendrán medio año para registrar a nuevos usuarios y dos años para empadronar a todas las líneas adquiridas antes de la reforma.
Durante el año pasado, Jalisco se ubicó en segundo lugar a nivel nacional en el delito de extorsión, con un total de 763 víctimas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Entidad se encuentra sólo por debajo del Estado de México (tres mil 152), de un total de ocho mil 380 denuncias registradas en todo el país por este tipo de hechos.
La extorsión, el secuestro y el fraude, entre otros delitos relacionados con el crimen organizado, son algunos de los ilícitos que se buscan combatir con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
En el dictamen de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada esta semana por el Senado, se señala que desafortunadamente los grupos criminales han estado evolucionando a la par con la tecnología, utilizándola como un medio para cometer sus actos a través de los celulares.
“La delincuencia ha optado por el servicio del prepago, donde se ocultan en el anonimato y la falta de control para saber quién o quiénes adquirieron el número en el cual realizan las operaciones ilícitas, tales como la extorsión, secuestro o cualquier otra operación criminal a través de la telefonía celular”, se destaca en el documento.
Se añade que, de esa forma, se impide que las áreas de inteligencia de seguridad pública rastreen la geolocalización, ya que es común ver este número de teléfonos desaparecer al ser utilizados, “es decir, después de la llamada de extorsión o petición en un secuestro, lo desechan. Y cambian de números”.
Pese a esto, se reconoce también que durante los foros desarrollados para discutir la reforma, no se encontró evidencia clara ni contundente de que el registro logre la reducción de los delitos, como la extorsión.
En noviembre pasado, durante uno de los foros para debatir sobre el registro de usuarios de celulares, el titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza, destacó que el costo social de la extorsión se ha incrementado de manera importante.
En 2018, dijo, 12 mil millones de pesos se canalizaron al crimen organizado producto de este ilícito. Por ello, desde 2019 se comenzó a elaborar una base de datos para que los ciudadanos realicen denuncias a las línea 089 y 911 para reportar una extorsión. Tan sólo en octubre pasado se recibieron 10 mil llamadas.
En el dictamen se resalta que las tres principales modalidades de extorsión son el engaño telefónico, la amenaza telefónica y el cobro por derecho de piso.
En el documento se precisa que los titulares de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.