La crisis permanente de la justicia local
La disputa que se dio recientemente en la Ciudad de México respecto de la negativa de ratificación de la titular de la Fiscalía local reveló la crisis permanente en que se encuentra la procuración de justicia en los ámbitos estatales, donde se tiene la responsabilidad de investigar y perseguir la mayoría de los delitos que se cometen en el país, y donde prolifera la inmensa impunidad que se padece en todo el territorio nacional.
Hay numerosos casos en los que, además, se hace patente el conflicto que existe entre poderes locales. En Nuevo León, la fiscalía estatal fue un actor clave en el desenlace que tuvo el abandono de la fallida candidatura presidencial de Samuel García. En Morelos, la disputa entre el fiscal estatal y el gobernador ha sido constante y terminó en un severo conflicto con la propia fiscalía de la Ciudad de México.
En Veracruz, el escenario fue similar, pues a la llegada del actual gobernador, el conflicto entre fuerzas no se hizo esperar y terminó en la destitución del entonces titular de la fiscalía estatal.
Hay otros casos preocupantes, pues el diseño institucional que se hizo de las fiscalías estatales a partir de la reforma al sistema nacional de justicia penal no garantizó, por un lado, que la designación de las fiscalías garantizara que llegarían a los cargos las y los mejores; pero por otro lado, tampoco existen los mecanismos de control para evitar que se encumbren ahí personajes que abiertamente han llegado de la mano de la delincuencia, como ocurrió en Nayarit; o casos de permanencia inexplicable, como es el caso de la Fiscalía de Guanajuato, el estado con más homicidios dolosos de México, y donde el fiscal se ha mantenido en el cargo por más de una década.
En México, de acuerdo con la información que capta el INEGI vía la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, se cometen anualmente más de 30 millones de delitos cada año. Y aunque no existen estudios tipo panel, no es difícil inferir que, a lo largo de la última década, al menos el 80% de la población nacional ha sido víctima de algún ilícito. Frente a ello, el nivel de la cifra negra se mantiene de forma constante por arriba del 90 por ciento.
Todo esto permite enmarcar también la disputa abierta por el Ejecutivo Federal en contra del Poder Judicial; y el tema es relevante de ser destacado, porque de todos los delitos que se cometen, cerca del 90% son del fuero común; es decir, son materia de procuración e impartición de justicia estatal.
Frente a ello, la pregunta es cómo garantizar que las Fiscalías llevan a cabo su trabajo de manera adecuada, para evitar el fenómeno conocido como “la puerta giratoria”; y cómo se garantiza que las y los tribunales pueden impartir justicia de manera expedita si los recursos de que disponen son siempre limitados, al grado de que en algunos casos se utilizan computadoras que no cuentan con paquetes informáticos originales o con licencias vigentes. Todo lo anterior, en un escenario en el que la violencia es cada vez más compleja y diversa; y donde, dada la dinámica sociodemográfica del país, son cada vez más numerosos los casos donde la demanda de justicia se encuentra en el ámbito familiar y civil, desplazando a las materias penal y mercantil en número de casos que se encuentran en litigio en los tribunales, donde se acreditan, una y otra vez, las constantes violaciones a los derechos humanos de las víctimas, pero también de las personas imputadas.
La construcción de un país de bienestar requiere que la justicia sea uno de los bienes más preciados, pero también más protegidos. Debe comprenderse que somos un país con demasiadas víctimas; con un interminable e innecesario dolor que es la base de la epidemia de llantos que recorre al país.
Transformarlo inicia con una auténtica justicia, y esta deberá, si pretendemos que sea perdurable y eficaz, construirse desde lo local.
La construcción de un país de bienestar requiere que la justicia sea uno de los bienes más preciados, pero también más protegidos