Desaparecidos: administrar la crisis
Los gobiernos federal y estatal que encabezan, respectivamente, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro Ramírez, están terminando sus sexenios de la peor manera en cuanto a enfrentar la crisis de desaparición de personas en el país y en el Estado. En lugar de reconocer la magnitud y severidad de esta crisis y de diseñar estrategias y políticas adecuadas y eficaces para enfrentar el desafío, se han dedicado a administrar el problema, a minimizarlo o incluso tratar de borrarlo con una maniobra que consiste en desaparecer a los desaparecidos, según han denunciado los colectivos de familiares que buscan a sus hijos ausentes.
Los ejemplos de estas prácticas de administrar la crisis por desapariciones abundan a escala estatal y nacional. El lunes pasado, el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara presentó un documento titulado “Anomalías en el conteo de personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco”, en el que revisan las cifras históricas (desde 2019) que presenta el Sistema Estatal Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid). De acuerdo a estas cifras, al 31 de enero de 2023, había en Jalisco 29,704 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales se han localizado a 15,245 y permanecen desaparecidas 14,459. Del total, 8,706 personas que siguen sin ser localizadas habrían desaparecido en cinco años del Gobierno que encabeza Enrique Alfaro.
Al revisar las cifras en detalles, el comité universitario detectó al menos cuatro anomalías en las cifras del Sisovid. En conjunto, señalan, se tiene un sitio oficial que es una “fuente de simulación e incertidumbre estadística sobre lo que ocurre realmente en Jalisco” en materia de desaparición. Con los datos ofrecidos en el Sisovid, de hecho el Gobierno de Jalisco manipula las cifras de la crisis por desaparecidos, dijo en entrevista el doctor Jorge Ramírez, del comité universitario.
El gobernador Enrique Alfaro respondió ayer que su Gobierno no maquilla ni manipula las cifras. Sin embargo, con los datos oficiales no se tienen cifras confiables de cuantos desaparecidos existen actualmente en Jalisco, pero hay indicios de que las cifras se fueron ajustando a la baja, si se tienen en cuenta las primeras cifras presentadas al comienzo de la administración y la alimentación regular de casos que las autoridades del Estado realizaban ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (Rnpdnl), que llegó a reportar más de 16 mil personas desaparecidas, hasta marzo de 2022 cuando de un plumazo se rasuraron más de 1,300 casos. Desde entonces, hace casi dos años, la cifra se ha estancado en menos de 15 mil desaparecidos, cuando mensualmente la Comisión Estatal de Búsqueda reporta más de 100 casos. Todo indica que se maquillan y manipulan las cifras para administrar esta crisis.
A escala federal está ocurriendo lo mismo con Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, llamada “censo” por el Presidente López Obrador, que rasuró a más de 16 mil desaparecidos del Rnpdnl. Una prueba sólida de la tremenda inconsistencia de este “censo” fue presentada en el reportaje “Tiene censo de AMLO otros datos… equivocados” de Quinto Elemento Lab (https://cutt.ly/OwLRcs9l), donde se identificó a 269 personas que siguen reportadas como desaparecidas por sus familiares y que sin embargo en la consulta de los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda parecen etiquetadas como bajo las categorías de “Personas ubicadas”/”Con indicios”, “Se requiere información de identidad” y “Con identidad sin datos adicionales”/“Se busca reportante”. Un caso emblemático es el defensor del territorio comunitario de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia, que se encuentra registrado como “persona ubicada” en el censo y sin embargo su familia no sabe de su paradero desde el 15 de enero de 2023, cuando fue visto por última vez con el abogado de la comunidad Ricardo Lagunes Gasca.
Podría pensarse que se trata de errores que deben ser corregidos, pero la suma de acciones que se llevan a cabo desde el Gobierno federal y estatal hablan más bien de una estrategia deliberada para encubrir las cifras reales de personas reportadas como ausentes, y de este modo administrar una crisis por desaparición de personas que ya no quieren resolver, sólo patearla hacia delante para que otra administración se haga cargo de ella. Esta estrategia de administrar la crisis por desaparición es un duro golpe para miles de familias que dieron un voto de confianza al inicio de estos gobiernos, confianza que ahora ha sido traicionada.