Ayotzinapa, la regresión
La liberación de ocho militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, decretada por un juzgado federal el fin de semana pasado, es un hecho más que confirma que al cierre del sexenio hay una clara regresión en la investigación de este caso paradigmático de desaparición forzada y una confirmación adicional del enorme peso político que las fuerzas armadas tienen en el actual Gobierno de la Cuarta Transformación.
El sábado pasado, la jueza Segundo de Distrito de Procesos en el Estado de México resolvió conceder un amparo interpuesto por los abogados de los militares para ordenar su libertad inmediata y cambiar la prisión preventiva oficiosa por cinco medidas cautelares, entre ellas pagar una fianza de 50 mil pesos por detenido, la orden de no salir del país, firmar ante el juzgado cada dos semanas y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos. Los militares liberados ahora podrán seguir en libertad el proceso penal que se inició en su contra por el delito de desaparición forzada.
Apenas se conoció la medida, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos deploraron y cuestionaron la decisión, considerando que esta viola el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.
La liberación ocurrió a pesar de la gravedad del caso y de que había elementos suficientes para mantenerlos en prisión, señaló el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de Guerrero, que acompaña jurídicamente a los normalistas de Ayotzinapa. “La Juez tenía elementos suficientes para dictar prisión preventiva justificada. Se trata de un caso grave, el tipo de delito de desaparición forzada tiene una penalidad alta. Si en el proceso los militares saben que existe responsabilidad penal por su mala actuación, es muy probable que se den a la fuga, por lo grave del delito”. Para el centro Tlachinollan, esta decisión confirma que el caso Ayotzinapa “va en franco retroceso”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideró que esta decisión revela un trato parcial hacia los militares imputados en detrimento del derecho de las víctimas.
El martes por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la decisión de la liberación de los militares y señaló que se tomó esa decisión para desprestigiar al Ejército y dañar su imagen. Reveló que en diciembre pasado la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Irma Piña, donde le advertía del amparo que se estaba revisando en juzgados federales solicitando la liberación de los soldados.
Este anuncio hace parecer que el Presidente y su Gobierno están en contra de la liberación de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero parece ignorar que es la propia Sedena quien paga y sostiene a los abogados que defienden a los soldados imputados en el caso Ayotzinapa. Por otro lado, el mismo Consejo Federal de la Judicatura reveló que la Fiscalía General de la República no presentó elementos para rebatir la solicitud de amparo presentada por los abogados de los soldados.
A pesar de declarar su inconformidad con la liberación de los militares, en los hechos, el gobierno de López Obrador no ha hecho avanzar la investigación, que se encuentra estancada desde que la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa presentó un informe en agosto de 2022 y luego de que se relevara al fiscal especial. Pero no solo se encuentra estancada y en “franco retroceso” la investigación, el panorama en conjunto que enfrentan los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos es una regresión en los tímidos avances que se consiguieron al arrancar el gobierno de la Cuarta Transformación.
Esta regresión se aprecia también en la política hacia los desaparecidos y en la falta de colaboración de la Sedena ante el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico que indaga crímenes y hechos represivos del pasado por parte de las fuerzas armadas. Hay una clara regresión en estos asuntos públicos de la mayor importancia, a la par que se fortalece el poder de los militares en el actual Gobierno.