De las cuotas a una Ley de asignaciones públicas
Aunque el proceso de elección de las y los siete nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) concluyó la madrugada del viernes en el Congreso del Estado, lo ocurrido, afortunadamente, nada tiene que ver con otros atracos y desaseados trámites para imponer, mientras la población duerme, a impresentables en magistraturas o como consejeros de la Judicatura como ha pasado en la historia reciente de Jalisco.
Por ello habrá que consignar y reconocer que esta vez las y los diputados de la Comisión de Justicia, y de la actual Legislatura en general, lograron culminar un proceso que rompió con la inercia de simulación que ha predominado para imponer en estas y otras designaciones públicas la lógica de los “cuates” al seleccionar solo a aspirantes por medio del tráfico de influencias, y de las “cuotas” a través de las negociaciones entre los partidos políticos.
Si este último mecanismo se volvió a presentar, y desde antes de las designaciones ya se sabía que para la bancada mayoritaria del partido Movimiento Ciudadano habría cuatro espacios, y el resto para perfiles cercanos y promovidos por Morena, PRI y Hagamos, lo cierto es que esta ocasión sí resultaron electas y electos los que alcanzaron las mejores evaluaciones en el examen. Esta vez, los familiares de algunos importantes funcionarios públicos que no lograron las mejores calificaciones no estuvieron entre los seleccionados como antes solía pasar.
Otra señal de avance en este proceso de selección de magistradas y magistrados, se dio en el hecho de que el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), no denunció ninguna irregularidad, y aunque las y los diputados atendieron sólo uno de sus perfiles recomendados, sí escucharon las advertencias en torno a las deficiencias de reputación que presentaban algunos de los aspirantes que finalmente no pasaron.
Para superar la etapa de las cuotas, y evolucionar a un sistema de selección en el que las y los interesados en ocupar una magistratura o cualquier otro puesto público que necesite de conocimientos técnicos específicos, no necesiten de tener un padrino en algún partido político, sino que lo que cuente sea exclusivamente el conocimiento, la experiencia y la reputación y prestigio, se necesita legislar y alcanzar una Ley de designaciones públicas.
Mientras se activa y despliega la operación de organismos de la sociedad civil para presionar a las y los diputados de legislar ya esta Ley, habrá que seguir de cerca el trabajo de las y los nuevos magistrados Enrique Flores Domínguez, Ana Paulina Camacho, Jorge Arturo García Valencia, Wendy García García, Miriam Rincón Ochoa, Mayra Sánchez Grajeda y Jorge Hidalgo González para ver qué tanto inyectan sangre nueva en un Poder Judicial que urge limpiar en Jalisco para acabar con la impunidad que produce tanta inseguridad y violencia.