Calienta la Corte el 5 de febrero
Acuatro días de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador presente el paquete de reformas constitucionales que serán “alrededor de 10, pero que podrían ser 20”, según dijo en su rueda de prensa mañanera el pasado 16 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo ayer la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada en 2021.
Se impuso así el criterio del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien días después de la aprobación de esta Ley en el Poder Legislativo emitió una resolución para suspender sus efectos.
Así, desde el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Gómez Fierro dio entrada a los amparos tramitados por las empresas Eoliatec y Parque solar de Zuma Energía en contra de la reforma preferente que había enviado el Presidente a la Cámara de Diputados y de Senadores, y en donde la mayoría del partido Morena y sus aliados, como en los tiempos más rancios del PRI, la aprobaron sin cambiar una sola coma aplicando la aplanadora en el año de 2021.
Esta decisión judicial desató la furia del Presidente, quien pidió que se investigará al juez en una carta enviada al entonces presidente del Poder Judicial y ahora aliado político de Morena, Arturo Zaldívar, por la “manera veloz” con la que actuó en este caso, en el que aseguró, participaron personas y empresas alineadas al “antiguo régimen” y que se manejan con “corrupción e influyentismo”, por lo que, dijo, no callará ante “el pillaje y la injusticia”.
Casi tres años después, la Corte dio la razón a este impugnado juez al juzgar inconstitucional esta reforma que echó abajo los cambios constitucionales que implicaron la reforma energética del sexenio anterior del priista Enrique Peña Nieto, y le devolvió la preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las industrias privadas que invirtieron en el sector eléctrico.
Ayer los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez ratificaron los amparos a las primeras empresas quejosas y otras que se sumaron para que no les fuera aplicada la nueva Ley de la Industria Eléctrica que les cambiaba la reglas por las que invirtieron en México y que ahora podrían significar el pago de costosas indemnizaciones por daños y perjuicios por parte del Estado mexicano.
Por eso hoy López Obrador seguramente volverá a despotricar contra la Corte, como lo hará también cuando no pasen la mayoría de las reformas que propondrá el 5 de febrero, y que le servirá para seguir nutriendo su narrativa de una oposición neoliberal que le impide su cuarta transformación en beneficio de los más pobres que tanto le ha funcionado a lo largo del sexenio.