Gabriel Valencia, el incómodo
¿ Quién es el abogado Gabriel Valencia López cuyo nombre e imagen se hizo notoria la semana pasada en los periódicos y noticieros luego de que el Congreso del Estado ordenó a su secretario general, José Tomás Figueroa Padilla, denunciarlo por el presunto delito de fraude procesal, tráfico de influencias, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de justicia?
Además de ser hijo de Francisco Valencia, un profesor jubilado de la UNAM y activista en temas de justicia en Jalisco, es también hermano de Augusto Valencia, ex diputado y ex regidor emecista de Zapopan, actualmente director del Instituto de Información y Estadística del Estado de Jalisco, y en el último proceso de selección de magistradas y magistrados decidió ampararse para reclamar un proceso más equitativo, como lo ha hecho en otras seis de 17 convocatorias en las que ha participado para consejeros de la judicatura, consejeros electorales y otras designaciones públicas.
Por este último juicio de amparo que tramitó, se concluyó en el Congreso que “este personaje se ha dedicado a impugnar ya por lo menos seis diferentes procesos de nombramientos, incluidos varios en los que no participa, no presenta examen de conocimientos, examen de control de confianza, o incluso los requisitos básicos que establecen las diferentes convocatorias”, y lo más delicado, se lee en el boletín del Congreso, que existe “una duda razonable sobre la conformación de una red de corrupción, tráfico de influencias y extorsión, encabezada por el denunciado, quien utilizaría los procesos de elección de magistraturas, jueces y diversos funcionarios públicos para entorpecer legalmente los nombramientos y desistirse posteriormente a cambio de presuntas extorsiones económicas de carácter extrajudicial”.
Hace seis años escribí de Gabriel, cuando también impugnó el nombramiento de fiscal Anticorrupción: “Fue un actor clave para hacer visible la inmensa corrupción en el Congreso y la complicidad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, hace ya casi una década. Tal vez no irá en el papel de fiscal Anticorrupción que buscó hasta el último momento, pero que le ganó Gerardo de la Cruz por su total independencia de los partidos políticos, pero puede acudir con todo el mérito de haber sido un solitario pionero en la lucha contra la corrupción y la impunidad que la reproduce, cuando muy pocos la denunciaban. Gabriel se enfrentó a la poderosa Junta de Coordinación Política de la corrompida Legislatura LVIII (…) para que transparentaran el gasto de la llamada Partida 8000. Una cuenta discrecional de la que nunca antes se habían rendido cuentas”.
Tan sólo por ese antecedente, me parece difícil creer que haya cometido las tropelías que le acusan y más bien creo que esta denuncia no llegará a ningún lado, y sólo servirá para tratar de inhibir que otros busquen recursos de amparo cuando estimen injusticias en futuros nombramientos, que puede ser el real objetivo.
Desde luego la terquedad de ciudadanos como Valencia le es incómoda al Congreso y al poder en general. Pero sería de mayor beneficio social que en el Congreso, lejos de quemar energía institucional en este litigio, canalizaran sus esfuerzos en legislar por una verdadera Ley de Asignaciones Públicas, que es lo que en el fondo, buscan los litigios de Gabriel.