El sueño guajiro de despolitizar la inseguridad
Cuando un político abre la boca, regularmente terminará pisándose la lengua. Esa es una ley natural e inamovible. Ocurrirá. Y la prueba actual de esto es la ridícula petición que han hecho en bloque tanto el gobernador como los alcaldes metropolitanos para despolitizar la inseguridad que hay en Jalisco.
Aunque los delitos y las víctimas de éstos sean reducidos a números para usarse como bono de refundación, la realidad siempre se impone. Una persona que llegó a casa y la encontró saqueada, una familia que perdió a uno de sus miembros o un trabajador a quien le robaron el teléfono cuando estaba en el transporte público jamás hallarán consuelo si la autoridad los trata de convencer de que estamos mejor que antes.
Especialmente, cuando esa misma autoridad trató de ganar su simpatía cuando andaba en campaña y les garantizó que, con él o ella a cargo del Estado, hallarían paz y tranquilidad al caminar por las calles.
Despolitizar la inseguridad es imposible. Y razones para sostener lo anterior, sobran. Primero, porque las políticas de seguridad están inherentemente relacionadas con decisiones políticas, especialmente en lo que respecta a la asignación de recursos, la formulación de leyes y la implementación de estrategias.
Y si esas estrategias fallan, de poco importa que sea una candidata presidencial, un académico o un periodista quien lo haga notar. La percepción de miedo en la gente es una consecuencia directa de esas decisiones políticas y la prueba innegable de que éstas fracasaron.
Justo en esta coyuntura en la que gobernador y alcaldes piden sacar del juego político el grave problema de violencia que azota a Jalisco, nuestra Entidad registró el asesinato de un precandidato por la alcaldía de Mascota, se han cometido al menos nueve asesinatos en Tlaquepaque, el Ejército envió a más de mil elementos para reforzar al Estado y dos oficiales de Policía murieron en una emboscada.
Por si esto fuera poco, la empresa de consultoría Integralia, precisamente dedicada al análisis en temas de riesgo político, económicos, legislativos, regulatorios y sociales, hizo pú
blico su primer reporte de violencia. Y sí, Jalisco destaca como un foco de alerta junto con Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Chiapas como Estados con alto riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones en puerta.
¿Más pruebas? Las hay. El municipio de Jilotlán de los Dolores terminará el trienio “gobernado” por un Concejo Ciudadano, debido a que la delincuencia organizada simplemente no permitió que se realizaran los comicios en forma hace tres años.
En teoría, el Congreso del Estado debía convocar a una elección extraordinaria, pero los diputados no vieron condiciones de seguridad para acudir al sitio y, en su lugar, nombraron a los integrantes de este concejo. Por supuesto, lo hicieron de manera virtual. ¿Cómo despolitizar la inseguridad cuando ésta se burla del Estado de Derecho?
Por cierto, la llamada “coalición Fuerza y Corazón por Jalisco” quiere abarcar los 20 distritos de Jalisco y todos los municipios del Estado, excepto uno. Exacto: Jilotlán de los Dolores.
Las dos candidatas y el candidato que buscarán el voto ciudadano por el Ejecutivo estatal obligadamente tendrán qué plantearle a la gente una estrategia para pacificar al Estado. Esa es la agenda que más preocupa a las y los ciudadanos, y es impensable que ni el jugador del partido en el poder ni sus dos opositoras aborden el tema cuando llegue la hora de hacer públicas sus propuestas.
Al principio de este texto escribí que cuando un político abre la boca, regularmente terminará pisándose la lengua. Lo escribo de nuevo para traer a colación cuando el actual gobernador, Enrique Alfaro, solicitó la renuncia de su predecesor, Aristóteles Sandoval, en abril de 2018.
En aquel entonces, politizar la inseguridad se hacía para exigir seriedad y resultados. Hoy, el clamor le llega de rebote a Alfaro y la respuesta que éste ofrece es para enmarcarse: los homicidios son del crimen organizado y, por esa razón, le tocan a alguien más.
En este Gobierno pudieron tomarse medidas para minimizar la influencia política en la gestión de la seguridad y garantizar que las decisiones se tomaran de manera más objetiva y basada en evidencia. Se pudo depurar y profesionalizar a las fuerzas de seguridad, separar al Poder Judicial del Ejecutivo, implementar mecanismos de supervisión y rendición de cuentas independientes, fomentar el diálogo y la colaboración entre diferentes actores políticos y sociales para ejecutar políticas de seguridad efectivas y evitar su instrumentalización con fines políticos partidistas.
Pero no. Lo mejor fue delegar responsabilidades, culpar a las víctimas por ser parte de la estructura criminal, hacerse a un lado cuando la crisis se agudiza y regañar a quien se deje por tratar de desestabilizar un proyecto que se perdió desde hace tiempo entre el enojo, el egocentrismo y el permanecer dentro de la burbuja de lo que usted diga, señor gobernador.
Y sí: pisarse la lengua. Tan fuerte como ésta se movía cuando nos bajó el cielo y las estrellas.