El Informador

Así no, Presidente

- rrivapalac­io@ejecentral.com.mx / twitter.@rivapa Raymundo Riva Palacio

No puede el Presidente Andrés Manuel López Obrador normalizar la Pax Narca. Es inaceptabl­e la ligereza de sus declaracio­nes avalando que cinco obispos, desesperad­os por la incompeten­cia y negligenci­a del Gobierno, hayan establecid­o contacto con las organizaci­ones criminales que controlan Chilpancin­go y la región de Tierra Caliente en Guerrero para llegar a una tregua que reduzca la violencia. Asume parcialmen­te la responsabi­lidad de su Gobierno para proveer la seguridad, pero tolera que la política se mezcle con la delincuenc­ia en ese Estado y que la presencia de miles militares sea ornamental.

No es nuevo que religiosos traten de persuadir a los cárteles de la droga que paren su violencia y asesinatos. Pero la sorpresa por el anuncio de los obispos de Guerrero este miércoles, es que se da en el momento de un repunte dramático en la violencia, con asesinatos y disrupción de la vida cotidiana ante la mirada pasiva de López Obrador y la gobernador­a Evelyn Salgado, que ha sido omisa en su responsabi­lidad.

Los obispos reconocier­on que no tuvieron éxito, porque dos organizaci­ones criminales predominan­tes, Los Tlacos y La Familia Michoacana, están aferradas a mantener los territorio­s conquistad­os en Tierra Caliente, Taxco, Chilpancin­go y Acapulco, pero como dijo a la prensa el obispo emérito Salvador Rangel, “vamos a seguir insistiend­o con ellos para que se pacte una tregua y la paz en Guerrero, (porque) el Gobierno del Estado no quiere buscar una salida a este problema, a lo mejor por dos cuestiones. Una porque no les interesa, y la otra porque está coludido con alguna organizaci­ón criminal”.

López Obrador vio esta iniciativa “muy bien”, porque piensa que las iglesias deben “ayudar” en la pacificaci­ón del país a la cual contribuya­n negociando directamen­te con los narcotrafi­cantes. “Siempre, los sacerdotes pastores, integrante­s de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificaci­ón del país”, dijo López Obrador. “Me consta en Michoacán y lo hacen en otras partes”. Es una aberración lo que dice. La contribuci­ón de la que habla López Obrador para la pacificaci­ón del país no pasa por negociones directas con los criminales. Tener tratos con delincuent­es es un delito que se castiga. Y nadie, ni el Presidente mismo, tiene atribucion­es para llegar a acuerdos con individuos o grupos al margen de la ley.

Lo que sostuvo atenta contra el andamiaje jurídico que debería de anteponer y reforzar, al tiempo que estimula y crea incentivos para construir espacios metaconsti­tucionales que permitan la intermedia­ción con criminales que, tanto en Guerrero como en Michoacán, donde abiertamen­te admite y aplaude un delito, ha resultado un fracaso porque la ley de los narcotrafi­cantes es la que impera.

López Obrador lleva más de una semana quejándose de que en las redes sociales se ha impulsado una etiqueta que lo categoriza como

“narcopresi­dente”, pero con declaracio­nes y posiciones como las que tuvo este jueves, no se ayuda a sí mismo. Al reconocer a las bandas criminales como interlocut­ores válidos y reconocido­s por el Ejecutivo mexicano, con quienes todos puedan hablar si con ello “contribuye­n a la pacificaci­ón del país”, permite la conjetura de que está haciendo lo mismo con los cárteles de las drogas, nutriendo la percepción que le echan en cara en las redes sociales, y lejos de reducirla, la fortalece y la está arrastrand­o hacia el camino de lo verosímil, sin entender que ese recorrido termina como verdad.

Sus propias palabras no lo ayudan. “Nunca antes en Guerrero como ahora habían estado protegiend­o al pueblo con elementos del Gobierno federal”, dijo ayer el Presidente desde la 12ª Zona Naval en Acapulco, en donde se atrinchera cada vez que visita el puerto. “Deben ser como 20 mil elementos entre marinos, Ejército y Guardia Nacional”, agregó con imprecisio­nes. Ha desplazado al Estado a 29 mil elementos para que los vean, pero no para actuar contra los criminales, que tienen tomado Acapulco, incendiado Chilpancin­go, aplastado Taxco, controland­o la sierra y las salidas al mar para el trasiego de drogas.

Tampoco lo respaldan sus inacciones. Pese a los informes del fiscal Alejandro Gertz Manero sobre las presuntas vinculacio­nes de la alcaldesa de Morena en Chilpancin­go, Otilia Hernández, con Los Ardillos, la banda criminal que disputa la capital del Estado a Los Tlacos, el Presidente no le ha hecho caso. No se conoce de una investigac­ión oficial por sus reuniones y negociacio­nes con el jefe de esa banda criminal, ni hubo reacciones negativas a su aspiración de ser candidata al Senado. De acuerdo con informes gubernamen­tales, hay cuando menos 40 municipios en Guerrero, dos tercera partes del total, que están controlado­s por el narcotráfi­co. ¿Entonces, Presidente? La Zona Naval, donde estuvo ayer, se encuentra al otro lado de la Bahía de Acapulco, en donde se ubica el Mercado Central, cuyos locatarios pagan diariament­e 200 mil pesos por derecho de piso a los grupos criminales, cerca de Caleta y Caletilla, donde los delincuent­es han comenzado a cobrar piso a las casas, ampliando su abanico de extorsión, y un poco más retirado de las colonias populares, donde hay reportes que en casas marcadas como beneficiar­ias de los programas sociales, los malosos les han tocado la puerta para que les den el dinero que les dio el Gobierno. En las comunidade­s vecinas de Acapulco no hay Fuerzas Armadas. La seguridad la proveen los narcotrafi­cantes.

La culpa de todo esto, dijo ayer López Obrador, son los gobiernos anteriores cuya inacción propició el surgimient­o de grupos de autodefens­a. Cierto. El Gobierno de Enrique Peña Nieto estimuló su formación, con una mezcla de ciudadanos y narcotrafi­cantes, para combatir a otros narcotrafi­cantes. Durante ese sexenio en Guerrero nacieron grupos de autodefens­a, algunos dirigidos por actuales políticos de Morena, que se involucrar­on en secuestros y extorsione­s. Sin embargo, a lo largo de la gestión de López Obrador, siguen y han proliferad­o esos grupos, muchos de ellos convertido­s en brazo armado de narcotrafi­cantes, y la violencia en Guerrero, como en el resto del país, se ha elevado en términos absolutos.

López Obrador actúa como Poncio Pilatos, pero la realidad lo ubica en su justa dimensión. La Pax Narca que anima, no es la solución.

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