Candidatos al psicólogo, a debate
Aunque existe un alto estigma y discriminación detrás de esa práctica, todavía hay trabajos en México donde se aplican pruebas psicométricas para evaluar a quienes aspiran a entrar en sus filas. Por supuesto que es un tema de debate, ya que someterte de manera obligatoria a éstas podría violar tus derechos individuales y tu privacidad.
No sólo eso. Es imposible dejar de lado que siempre habrá una interpretación subjetiva y, sí: sujeta a sesgos. Pero hacerlo de manera voluntaria tiene ciertas ventajas para evaluar la idoneidad del perfil. Sobre todo, si ese perfil aspira a un cargo público de alta importancia como gobernar un municipio, una Entidad, un país, o al menos tratar de legislar.
La propuesta de la aspirante a la gubernatura de Jalisco por la coalición PRI-PAN-PRD, Laura Haro, para que tanto ella como sus eventuales contrincantes, Claudia Delgadillo y Pablo Lemus, se sometan a pruebas de polígrafo y toxicológicos, es un cliché: sucede en cada elección y alguien tenía que sugerirlo.
La novedad es que también habló de la aplicación de pruebas psicológicas… y ahí sí hay nota.
Si, al menos en la teoría, las personas públicas tienen la obligación de transparentar su declaración patrimonial, de intereses y comprobante de pago de impuestos, los ciudadanos también deberíamos conocer su estado de salud mental: una arista que se ha ignorado por completo en esta administración, especialmente después del desastre que causó la pandemia de COVID-19.
Las y los candidatos podrían argumentar que hacerse pruebas psicológicas podría revelar información personal delicada que no necesariamente está ligada a su capacidad para gobernar, que estigmatizaría a quienes padecen problemas de salud mental o que desalentará a políticos competentes que ya acuden a terapia, pero ven un obstáculo en su aspiración hacer público que están bajo tratamiento.
Pero la moneda siempre tiene dos lados. Y el otro es que, con esas pruebas psicológicas o psiquiátricas, los ciudadanos identificaremos posibles trastornos mentales que afectarán el desempeño del individuo en el cargo, especialmente si éste ocupa un puesto de alto poder y responsabilidad.
Desafortunadamente, en México hay un abismo de diferencia entre el que un político o política se realice un chequeo médico y el que acuda a terapia con un psicólogo. Por supuesto que no debería ser así, pues son ellos quienes están a cargo de proteger el bienestar público. ¿Y cómo van a hacerlo si hay un trastorno que pone en riesgo su autocuidado?
Si dejamos el tabú y las etiquetas de lado (que ya deberíamos), el que cada nombre en la boleta de votación se someta voluntariamente a estas pruebas mostraría transparencia y disposición para que se le evalúe si es apto o apta para el cargo, lo que elevaría la confianza en los votantes.
¿Es polémico? Sí. Sin duda. ¿Y necesario? También. La propuesta que hizo Laura Haro no debe tomarse a la ligera, pues de la estabilidad mental de un gobernante, y las decisiones que éste tome, depende el destino de millones de habitantes, por lo que estas preocupaciones deben abordarse de manera equitativa y cuidadosa y no sólo como un cliché para descubrir si el candidato o candidata se meten drogas.
La discusión es amplia, pero interesante. Si los políticos ponen el ejemplo y normalizan que todos acudamos a terapia, la supervivencia de una sociedad gobernada por la megalomanía, el narcisismo o el trastorno antisocial de la personalidad, tendrá futuro.
¿O a poco no merecemos que los partidos políticos hagan algo más que preparar canciones horribles, pagar por espectaculares chafas, normalizar la explotación infantil y, en su lugar, preparen cuadros realmente aptos para gobernar?