El Informador

La reforma constituci­onal de la crisis inminente

- CRISTAL PELAYO RODRÍGUEZ, analista del Senado de la República.

Al observar la historia mundial, notamos que aproximada­mente cada 100 años se desata una gran guerra que involucra a múltiples naciones y provoca la pérdida de millones de vidas.

Los últimos conflictos de esta magnitud tuvieron lugar en el siglo XX con las dos guerras mundiales. Desde entonces, hace casi 80 años, la humanidad ha experiment­ado un período de relativa paz, una situación que contradice las estadístic­as y suscita la pregunta: ¿cuándo surgirá el próximo gran conflicto?

Numerosos expertos sugieren que el próximo enfrentami­ento internacio­nal probableme­nte sea provocado por la escasez de recursos, en particular, por un recurso invaluable; el agua.

Esta preocupaci­ón se intensific­a cuando observamos lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, donde prácticame­nte todas las alcaldías han experiment­ado cortes intermiten­tes en el suministro de agua.

En otras regiones del país, las sequías prolongada­s están volviéndos­e cada vez más comunes, como en Zacatecas, Durango y varias partes de Chihuahua.

Esta situación plantea la interrogan­te de si la escasez es inminente o simplement­e es el resultado de una gestión deficiente.

Hay que comenzar señalando, que México es de por sí, un país con poca agua. Aunado a ello, es evidente que durante décadas hemos tenido una muy mala gestión.

Esto debido a que era una tendencia casi constante que se otorguen concesione­s para uso industrial del agua en regiones con mano de obra más económica, aunque sean áreas de alto riesgo, como en el caso de mi Estado, Zacatecas.

Ante una inminente crisis, es crucial enfocar urgentemen­te políticas públicas y la agenda legislativ­a para regular este tema.

En este contexto, tiene mucho sentido la reforma constituci­onal que propone limitar las concesione­s de agua a uso doméstico en áreas de alto riesgo.

Debemos reconocer que el problema del agua ya es grave y solo empeorará si no tomamos medidas urgentes. Por ello, todos los legislador­es deben priorizar el interés público y el bienestar, por encima del interés económico para aprobar este tema.

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