Una visión resiliente para Acapulco

FERNANDO PEÑA MONDRAGÓN, coordinador del Comité Técnico de Resiliencia de la Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles de México AC.

Para la reconstrucción de Acapulco y municipios afectados, el Gobierno federal ha publicado el “Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el Huracán ‘Otis’”. Este plan, compuesto por 20 puntos, está diseñado para proporcionar apoyo económico a la población afectada. Sin embargo, no incluye criterios específicos para la reconstrucción y reparación de la infraestructura dañada. Por su parte, el Gobierno del Estado emitió un “Decreto por el que se expiden los lineamientos para la construcción y reconstrucción integral de la franja costera del Estado de Guerrero”. Este decreto, que consta de 15 artículos, aborda siete aspectos relacionados con la rehabilitación estructural. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no se presenta un criterio claro de reconstrucción con visión a largo plazo.

Cuando ocurre una tragedia de esta magnitud se busca abordar tres etapas prioritarias: la atención de la emergencia, la recuperación de la operatividad o puesta en marcha de la infraestructura y el regreso a la normalidad o recuperación total de las actividades. Si bien los tres órdenes de Gobierno han dirigido sus acciones hacia las dos primeras etapas, se ha prestado poca o nula atención a la tercera.

Es fundamental que la recuperación total de Acapulco y municipios afectados se base en una visión resiliente a largo plazo. Centrarse únicamente en restaurar la operatividad y la actividad económica no es suficiente. El enfoque actual de utilizar las mismas técnicas y materiales empleados anteriormente podría conducir a consecuencias similares en el futuro.

Para ello se requiere un plan de reconstrucción integral a largo plazo, que aborde los aspectos esenciales para una comunidad resiliente, en el cual participen todos los actores relevantes, incluida la comunidad, los constructores, la academia, el Gobierno, la sociedad civil y los colegios y sociedades técnicas. Algunas propuestas de acción incluyen el desarrollo de normas de diseño específicas para las regiones afectadas por huracanes, la elaboración de normas de emergencia para la recuperación operativa y la modernización de la red de instrumentación eólica para comprender los riesgos multiamenaza. Además, se destaca la importancia de fortalecer los mecanismos para la aplicación efectiva de estas normas, incluyendo no sólo su creación sino también su implementación y cumplimiento en la construcción y reconstrucción de zonas costeras del país.

Es esencial no limitarse únicamente a reconstruir y rehabilitar las estructuras dañadas, sino también llevar a cabo una revisión exhaustiva para asegurar que se haya tenido en cuenta el estado físico de la estructura y garantizar su resistencia a las velocidades de viento. Además, resulta fundamental considerar el mantenimiento regular de las estructuras para prevenir la pérdida de resistencia por envejecimiento. Las instalaciones vitales requieren una atención especial para garantizar su funcionalidad durante eventos extremos. Resulta crucial que la población esté preparada para afrontar estos eventos. Por lo tanto, los programas educativos y de capacitación desempeñan un papel fundamental en la preparación y concientización de la comunidad sobre cómo responder y enfrentar situaciones de emergencia.

Todo esto requiere una estrecha colaboración entre los diferentes niveles de Gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, los profesionales, la academia, los colegios de profesionistas y las sociedades técnicas. Pero, sobre todo, requiere de tiempo y voluntades, con una planeación, apartidista, a largo plazo. Sólo trabajando juntos podremos enfrentar estas crisis y construir un México verdaderamente resiliente.