Lamas, combate a la corrupción selectivo e ineficaz
Una vez que se cumplió la demanda generacional de la democratización en el país con la primera alternancia política ocurrida en el año 2000, que se repitió en el 2012, y de nueva cuenta en el 2018, la que se tornó en la mayor exigencia social fue el combate a la corrupción y a la impunidad que la reproduce.
Esa bandera anticorrupción, sin embargo, ha ido perdiendo fuerza e impulso desde la sociedad civil.
Paradójicamente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el que más medró políticamente de esa causa, se convirtió en el que más combatió los incipientes avances para la instalación de un modelo de combate a la corrupción funcional. Lejos de ayudar a su consolidación, el Gobierno de la 4T busca desmantelar los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA´s) que forman parte del andamiaje institucional anticorrupción como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y otros que gravitan en torno al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al que también se ha buscado asfixiar presupuestalmente los últimos cinco años.
En las Entidades de la República, y Jalisco no es la excepción, se ha aprovechado esta inercia nacional para debilitar también los esquemas de combate a la corrupción, que siempre les son incómodos.
Ni en el país ni en las Entidades hemos construido sistemas anticorrupción eficaces e independientes que logren de verdad inhibir las corruptelas y la voracidad de gran parte de la clase política y gubernamental. Incluso para mantener esa enorme fuente ilegal de recursos, desde el poder se boicotea cualquier intento serio de implementación de modelos anticorrupción funcionales.
Ante la ausencia de sistemas anticorrupción fuertes, la partidocracia sigue con los intercambios y pactos de impunidad en detrimento de la ciudadanía.
Llama por eso mucho la atención la detención de al menos una decena de ex funcionarios de primer y segundo nivel de la pasada administración del finado gobernador Aristóteles Sandoval, entre los que destacan por estar en prisión preventiva Antonio Cruces, ex secretario de Salud; mientras que en prisión domiciliaria se sumó la semana pasado Alberto “L”, ex jefe de Gabinete en la pasada administración, a Francisco Ayón, ex titular del Instituto de Pensiones; y Felipe Tito Lugo, ex director de la Comisión Estatal del Agua.
Si estas detenciones hubieran significado una auténtica cruzada anticorrupción y el fin de los pactos de impunidad entre la clase política, habría sido, sin duda, una gran noticia en beneficio de la población jalisciense.
Pero hay antecedentes que ponen en entredicho la convicción y voluntad plena de combatir la corrupción del actual grupo político en el poder estatal. Desde la protección que dieron hace más de una década a Alonso Godoy Pelayo, que tuvo secuestrada la Auditoría Superior; la embestida a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por reprobar la imposición de consejeros de la Judicatura; y en agosto del 2021, cuando la mayoría naranja en el Congreso y sus aliados del PAN ignoraron los planteamientos ciudadanos vertidos en el proceso de parlamento abierto para la reforma anticorrupción 2.0.
Predomina, pues, la lógica de revanchismos políticos y de justicia selectiva, que alcanza sólo a funcionarios de otras administraciones, sin perseguir nunca a los del Gobierno en turno, a los que se señala también de graves irregularidades.
Retomar la energía para relanzar las causas anticorrupción significaría no cerrar el paso al anhelo social de acabar con las corruptelas, los excesos y los abusos de políticos y funcionarios públicos, que siempre se resistirán a ser fiscalizados para no ser sancionados por enriquecerse a costa del dinero y patrimonio públicos.