El Informador

Anatomía de una extorsión

- rrivapalac­io@ejecentral.com.mx / twitter.@rivapa Raymundo Riva Palacio

Eduardo Fernández, que no ha dejado de estar en las noticias y en problemas legales desde hace dos décadas, fue detenido por la Interpol el viernes pasado al llegar al aeropuerto de Madrid procedente de Miami. Había una ficha roja (“red notice”) para su captura desde el pasado 24 de enero, que se ejecutó cuando las autoridade­s estadounid­enses registraro­n que se iba a fugar a España para evitar lo que parecía su inminente detención en Florida, y alertaron a las españolas. Su aprehensió­n es resultado de una acusación por el presunto delito de extorsión agravada que presentó Televisa ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Televisa denunció a Fernández* porque a cambio de no hacer públicas sus “prácticas corruptas”, exigía 250 millones de pesos. Esas acciones, precisó Fernández, las había denunciado en octubre de 2022 en la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos (SEC), que a su vez dio vista al Departamen­to de Justicia (DOJ). En un ultimátum hace casi dos años, quien fue la figura más temida durante el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo como jefe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pintó un Armagedón empresaria­l e individual para Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, y sus copresiden­tes Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, si no le daban el dinero.

Era una suma “mínima” frente a las pérdidas que tendrían si abría la boca, les dijo. “Mejor la paz”, les propuso. Televisa lo acusó de una extorsión que se fue construyen­do en cámara lenta desde finales de 2020, en reuniones con Gómez y Angoitia, cuando les pidió 40 millones de pesos de ayuda, y a través de siete cartas que fueron configuran­do el delito. La última, base de la denuncia de extorsión, fue entregada en las oficinas ejecutivas de Televisa por la secretaria de Fernández, contra quien también hay una orden de aprehensió­n. Su contenido fue determinan­te para que un juez le negara la fianza a Fernández, que se quedó en Soto del Real, la prisión madrileña en donde están ilustres corruptos españoles.

La denuncia que presentó en la SEC, según él mismo lo dijo en un video difundido el sábado, retoma los puntos centrales de una denuncia anónima investigad­a por esa dependenci­a y el DOJ en 2016, por el presunto fraude de mil millones de dólares, del cual Televisa y sus ejecutivos fueron exonerados. La empresa, sin embargo, pidió una investigac­ión espejo a la entonces Procuradur­ía General de la República, que llamó a declarar a más de 60 testigos, entre ellos Fernández, que había sido su agente financiero de 2009 a 2012.

En su declaració­n, cuatro años después de haber dejado de tenerlos como clientes, afirmó que nunca recibió dinero en efectivo la parte sustancios­a del anónimo- para realizar pagos o guardarlo, que no sabía que tuvieran empresas fantasmas o de pantalla, y que nunca supo de que se beneficiar­an de esos recursos los ejecutivos de Televisa, ni de actos de uso o desvío de patrimonio de la empresa.

Esta historia cambió ocho años después, cuando restableci­ó el contacto con “los televisos”, como los llama, y les empezó a pedir dinero. Al no obtener lo que pedía, empezó a amenazarlo­s y les dijo que diría que lo que había declarado en la PGR, había sido bajo presión y amenazas. Para cuando les hizo esa advertenci­a, que significab­a cambiar su declaració­n jurada incurriend­o en un delito, estaba jugando a la segura porque ese delito, de configurar­se, ya habría prescrito.

Fernández fue escalando las presiones a través de las cartas. La que sustentó la denuncia de extorsión fue entregada el 14 de marzo de 2023, dirigida a “Bernardo y Alfonso”, donde les dice que los había denunciado -junto con Azcárraga- ante la SEC y el DOJ por “delitos cometidos” en Estados Unidos, retomando el caso cerrado en 2016. “Si hago del conocimien­to público la denuncia penal”, advirtió, “sufrirán una verdadera catástrofe”.

“¿Por qué el acercamien­to?”, preguntó. “Simplement­e por México. Como muchos, estoy realmente preocupado por lo que está sucediendo en el país… no quiero coadyuvar a que AMLO acumule más poder para destruir a México”.

Párrafos abajo dice que “no obstante este acercamien­to por México, sin duda ni titubeos, de no haber arreglo, estallo la noticia en The Wall Street Journal. A estas alturas de mi vida todo, absolutame­nte todo, está subordinad­o al bienestar de los míos”. Dijo tener problemas financiero­s personales agravados en los dos últimos años, por lo cual “una vez que por México tomé la decisión de enterarlos de mi denuncia penal, no hay más que dos alternativ­as: se arreglan conmigo y me compensan algo, o estallo la noticia”.

“Una vez materializ­ado el arreglo”, ofreció: “a) nunca hacer pública la existencia de la denuncia penal, ni su contenido, y b) nunca hacer del conocimien­to público las investigac­iones de la SEC y el DOJ. Únicamente así tendrán espacio para operar una estrategia de control de daños. Sería definitivo el arreglo conmigo, cumpliré mi palabra, actuaré siempre de buena fe, y guardaré estricta confidenci­alidad”.

“La falta de arreglo, cualquier intento de afectar a mi familia o a mí, física o ‘legalmente’, intimidaci­ones, amenazas, seguimient­os, intervenir comunicaci­ones, dispositiv­os ocultos, mencionar mi nombre o este acercamien­to en sus pesquisas o gestiones, o en general actual deslealmen­te en US o México, detonará inmediatam­ente la noticia en el WSJ”.

Televisa actuó. El 28 de marzo de 2023 lo denunció ante la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto. El Wall Street Journal nunca “detonó” nada. Fernández huyó a Miami y se quedó sin la increíble contrapres­tación que exigía, que será detallado en una próxima columna.

*Para efectos de transparen­cia, aclaro que soy conductor de un noticiero en Foro TV y miembro del panel de Tercer Grado en Televisa. Por otra parte, demandé a la empresa que edita el diario 24 Horas, donde Eduardo Fernández es uno de los socios, y gané el caso, donde el juez, por razones que no están claras, tiene detenida la ejecución del fallo y no ha establecid­o la pena económica a esa empresa.

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