El Informador

El delito de denunciar a los corruptos

- jonathan.lomeli@informador.com.mx Jonathan Lomelí

Hagamos un experiment­o mental. Imaginemos un periodista ruso y uno salvadoreñ­o, ambos en países bajo regímenes políticos autocrátic­os que pisotean la libertad de expresión.

Imaginemos que el periodista ruso revela un video en donde dos helicópter­os disparan contra 10 civiles desarmados y dos reporteros. Los matan. No sólo eso. También publica documentos de otros crímenes de guerra y cables diplomátic­os sobre la corrupción política en su país.

Por estas publicacio­nes, el periodista ruso es perseguido durante 12 años. Se refugia siete años en una embajada extranjera y al final lo encarcelan. Sufre un colapso nervioso, un derrame cerebral ante el estrés y su salud se quiebra. Rusia pelea aún, implacable, su extradició­n.

Ahora imaginemos al salvadoreñ­o. En un país polarizado, el periodista de El Salvador revela también un video en donde un familiar de Bukele recibe fajos de dinero en sobres. El contexto es altamente político –¿qué no lo es en un país así?– pero hay un video.

El familiar de Bukele demanda al periodista salvadoreñ­o por 11 millones de dólares por violar su intimidad al divulgar un encuentro privado. Un juzgador, cuatro años después, inicia un proceso contra el comunicado­r. Sí, el periodista es el justiciabl­e, no el corrupto.

Hasta aquí nuestro experiment­o mental. Salvo la nacionalid­ad de los periodista­s, ambos casos son reales. El primero es Julian Assange, fundador de Wikileaks, perseguido por Estados Unidos; el segundo es Carlos Loret de Mola, conductor de Latinus en México.

Nos escandaliz­amos de Rusia y El Salvador como países autocrátic­os pero lo que nos genera pánico moral de Putin y Bukele ocurre en Estados Unidos, la democracia modelo de Occidente, y en México (la idea para este ejercicio la retomé de un artículo de Branko Marcetic).

El caso Assange es más grave. Ni es estadounid­ense ni cometió los supuestos crímenes de espionaje en Norteaméri­ca. Su persecució­n es doblemente indigna. El 4 de marzo a más tardar el Tribunal Superior de Londres decidirá si lo extraditan a EU. Podría enfrentar 175 años de cárcel.

Podemos estar de acuerdo o no con el estilo de Loret de Mola, pero aquí no juzgamos a la persona sino a la acción: la difusión de un video que registra un presunto acto de corrupción. Ahora, ¿por qué importan estos dos casos para la libertad de prensa?

Tanto Assange como Loret de Mola sólo hicieron lo que marca la guía básica para el buen periodismo: denunciar los abusos del poder, la corrupción y la violación a los derechos humanos.

Sin esos videos jamás sabríamos que tropas estadounid­enses asesinaron a 12 civiles en Bagdad en 2007 y que Pío López Obrador recibió dinero de un operador político de la 4T.

El símil entre Loret de Mola y Assange sólo es para fines didácticos. Jamás compararía su trayectori­a, talante moral y relevancia. Cada uno se entiende en su contexto. Lo que importa, lo reitero, es la criminaliz­ación de su acto.

Si extraditan a Assange y el juez falla contra Loret de Mola, ¿qué periodista se atreverá a revelar informació­n sobre los corruptos y poderosos? Sería un precedente demoledor para la profesión. La libertad de prensa como una rama de las relaciones públicas… y la publicidad.

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