Fiscalía General de la República pide información sobre el caso
Experto acentúa que el hecho tendrá un impacto muy fuerte en Jalisco Existe una autoridad especial para atender los delitos contra la libertad de expresión
El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, informó que recibió la solicitud de la Fiscalía General de la República para tener conocimiento del caso, pues esta dependencia federal cuenta con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a través de la cual, como su nombre lo dice, se encarga de investigar los delitos relacionados contra personas periodistas y/o defensoras de los derechos humanos.
Méndez Ruiz señaló que hasta el momento la homóloga federal no ha atraído la investigación, por lo que el caso de la privación ilegal de la libertad del periodista sigue siendo responsabilidad de la Fiscalía de Jalisco.
Indicó que hasta el momento se desconoce si Jaime Barrera habría tenido alguna amenaza previa, pero aseguró, “se están agotando todas las líneas de investigación, incluso la actividad política de Itzul Barrera, su hija.
Al respecto del caso, Jorge Ramírez Plascencia, integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consideró que la privación ilegal de la libertad del periodista “ocurre totalmente de una manera inesperada al no tener registro de amenazas previas, por lo que esto podría complicar mucho más el esclarecimiento de lo ocurrido”.
Dijo que todo indica que no se trata de una organización menor, sino que la forma de actuar de quienes lo plagiaron “parece implicar una criminalidad muy organizada”.
“Claro que el asunto va a tener un impacto muy fuerte en Jalisco. Seguramente va a erosionar la libertad de expresión en el Estado. Y ojalá sirva como una especie de parteaguas moral, una especie de punto final de una tolerancia que hemos tenido, primero las autoridades y luego como sociedad, a esa clase de sucesos”, destacó el académico.
La atención inmediata al caso de Jaime Barrera es urgente en un contexto donde México cerró en 2023 como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, siendo superado únicamente por Palestina, según el informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Por su parte, la organización internacional Artículo 19 ha documentado los asesinatos de 163 comunicadores y periodistas, entre 2020 y 2023, de las cuales 43 han sido asesinados en lo que va del actual sexenio federal.