Previo a elección, repuntan asesinatos de políticos
A pesar de los programas de seguridad, expertos coinciden en que son los comicios más violentos de la historia en México
Tan sólo en los primeros dos meses del año, se registraron 60 asesinatos de servidores públicos y políticos, por lo que la tendencia al alza sigue en México: según la plataforma “Votar entre Balas” de la organización Data Cívica, en 2023 fueron 355 crímenes, en 2022 fueron 274, en 2021 hubo 73 y en 2020 58 asesinatos.
En Jalisco, el pasado viernes fue asesinado el priista Humberto Amezcua, presidente municipal de Pihuamo y candidato a la reelección. Fue localizado sin vida al interior de una camioneta en la zona Centro de ese municipio tras ser agredido a balazos.
Por otra parte, Jaime Vera, precandidato por el Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Mascota, fue otro asesinado en Puertas del Sol en Zapopan el pasado 1 de febrero.
Especialistas, empresarios y organismos internacionales alertan por los riesgos en el proceso electoral en el país, debido a la inseguridad y la posible intervención de los grupos criminales. Un ejemplo es Jalisco.
Según “Votar entre Balas”, de 2018 a la fecha suman alrededor de mil funcionarios y aspirantes políticos que han sido asesinados en México. La consultora Integralia alertó que Jalisco es clasificado como “de muy alto riesgo” en las elecciones, según el primer reporte de violencia política de este año.
Adolfo Gámez, abogado penalista, considera que este proceso electoral es el más violento de la historia, por los hechos de inseguridad en todo el país. “Es la elección más violenta porque se están reportando hechos no aislados, sino coincidentes en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el caso que tuvimos en Jilotlán de los Dolores… ya pasaron tres años, pero seguimos con que no se puede establecer un Gobierno”.
Critica la labor de los distintos niveles de Gobierno, tras afirmar que han olvidado su tarea de brindar paz y tratar de reconstruir el tejido social, alejándose de la ciudadanía. Entre otros casos, tampoco han atendido la demanda de la población en cuanto a los hechos de inseguridad ocurridos y priorizando los de mayor relevancia.
“El Gobierno debe dedicarse a trabajar, lo que nos ha faltado es reconstruir el tejido social, no tenemos el acercamiento con las personas. El Gobierno se ha distinguido en tratar de enfocarse en los hechos relevantes, pero se olvidó de la población”.
Por su parte, Sandro Arreola, politólogo de la Universidad de Guadalajara, recuerda que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que en algunas zonas del país no hay presencia de observadores electorales. “El INE declaró hace tres semanas que en algunas zonas del país, incluido Jalisco, no hay registro de observadores electorales”.
Señala que la falta de coordinación entre las autoridades y la impunidad, permiten que no se concreten las labores de investigación de los incidentes de inseguridad, lo cual impide dar con los responsables de los delitos.
“Sin coordinación, no habrá una segunda tarea importante, que es la investigación. Y la impunidad se debe a la no investigación; es decir, cuando no tienes agencias de investigación y las fiscalías no realizan las tareas de investigación, difícilmente se puede prevenir el delito, entonces, hoy tenemos corporaciones de reacción. Es muy difícil que podamos dar con los responsables de los sucesos”.
Hasta el último corte informativo, el INE detalla que suman 73 personas que han solicitado apoyo del mecanismo de protección a candidatos, sin embargo, no se especificó quiénes son debido a motivos de seguridad.
Los asesinatos del precandidato a la alcaldía de Mascota por el Partido Verde, Jaime Vera, y del alcalde de Pihuamo, Humberto Amezcua, candidato a la reelección por el PRI, ocurridos el 1 de febrero y el 15 de marzo, encendieron las alarmas por la violencia registrada en Jalisco de cara al proceso electoral en contra de funcionarios, servidores públicos y candidatos.
La base de datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) indica que en la actual administración estatal, del 6 de diciembre de 2018 hasta este 16 de marzo, alrededor de 284 servidores públicos han sido asesinados en la Entidad.
La mayoría por arma de fuego, con un total de 162; le siguen los casos por contundentes con un total de 78; en el listado, se incluyen personas ejecutadas por armas punzocortantes, estrangulaciones o a golpes.
Entre los casos más sonados está el del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, ocurrido el 18 de diciembre de 2020 en un bar del municipio de Puerto Vallarta; el ex mandatario fue victimado a balazos por dos personas quienes no han sido localizadas mientras que hay una persona, Moisés “N” alias “El Moy”, quien se encuentra en prisión preventiva por los hechos.
Son los Estados de Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca los cuales acumulan la mayor cantidad de crímenes cometidos en contra de funcionarios y servidores públicos en los últimos años según la organización Data Cívica.
Para estas elecciones, el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal acordó con el Instituto Nacional Electoral el plan de Estrategia de Protección a Candidatos para garantizar la seguridad de los hombres y mujeres que se han postulado a los distintos cargos tanto a nivel local como a nivel nacional.
El Gobierno federal será el encargado de la protección de candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas estatales, diputaciones federales y senadurías, en tanto que los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular, de carácter local, los cuales son aspirantes a diputaciones locales y a las alcaldías.
El Gobierno federal será el encargado de la protección de candidatos a la Presidencia de la República
El Gobierno como tal dejó de existir en algunos municipios del interior del Estado, municipios que están controlados por grupos que se presumen de la delincuencia organizada Adolfo Gámez, abogado penalista.
Sí es la más letal en términos del ajusticiamiento y los crímenes en contra de políticos, principalmente de candidatos. La letalidad ha cobrado la vida de candidatos que buscan reelegirse Sandro Arreola, politólogo de la UdeG.
Es inexcusable una indagatoria eficaz, captura y sanción ejemplar a los culpables. Pero, sobre todo, es imperioso exigir cese la criminalidad y violencia Salvador Cosío Gaona, presidente de Confío en México.