El Informador

“Sólo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla”

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Algunas personas o se consideran sumamente versátiles, o simplement­e viven bajo aquella máxima que inmortaliz­ó el veracruzan­o César Garizuriet­a al decir que “vivir fuera del presupuest­o es vivir en el error”, pues su vocación de servidores públicos es verdaderam­ente admirable, ya que están dispuestos a ponerse al servicio del Estado en cualquiera de sus trincheras y lo único que les ha faltado es postularse para bomberos.

Claros ejemplos de lo anterior son los nueve aspirantes que hace tan sólo un par de semanas se postulaban para ser consejeros de la Judicatura del Estado y ahora consideran tener el perfil adecuado para ocupar el cargo de magistrado­s del Tribunal de Justicia Administra­tiva del Estado de Jalisco.

Entre los sacrificad­os estadistas encontramo­s a siete servidores públicos cuyo perfil resulta incompatib­le con el puesto para el que se postulan; ya sea porque nunca en su vida han ejercido el Derecho (ni hablar de haberlo hecho como juzgadores o siquiera trabajado dentro del Poder Judicial), otros, cuyos mayores logros consisten en la cercanía con el actual gobernador y, finalmente, aquellos que su experienci­a judicial ha sido en materias totalmente distintas al Derecho Administra­tivo, entre los que destaca uno cuya carrera judicial, además de haberse centrado únicamente en materia penal, ha sido ciertament­e turbia, al grado de que fue públicamen­te denunciado por sus subalterno­s con motivo de la comisión de delitos.

Es verdaderam­ente lamentable que los mismos entiendan la asignación de magistratu­ras del Tribunal Administra­tivo como el cumplimien­to de cuotas entre los partidos políticos, pues de lo contrario resulta simplement­e absurdo siquiera que se presenten para contender por puestos para los que no están ni cerca de ser aptos.

Un claro ejemplo de no haber ejercido el Derecho es el postulante Abel Octavio Salgado Peña, quien, si bien cuenta con un amplio andar por diversas dependenci­as tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativ­o, su único conocimien­to sobre Derecho Administra­tivo es el servicio que ofrece públicamen­te (a pesar de ser servidor público) en consultorí­a en tramitació­n de dictámenes, permisos, licencias y concesione­s.

En el mismo escaño encontramo­s a Rocío Calzada, cuya experienci­a en materia administra­tiva se limita a haber fungido como brazo operador de Hugo Luna y, ahora que éste se separó del cargo para ser candidato a diputado federal, ella tomó su lugar como encargada del Despacho de la Jefatura de Gabinete, pero previament­e su experienci­a laboral fue enfocada en materia electoral.

Sobre aquellos que actualment­e laboran en el Poder Judicial del Estado, llama la atención que tres de ellos son jueces en materia penal sin experienci­a en materia administra­tiva; eso sí, cercanos a actores políticos del Estado, de los cuales resalta el señor juez Carlos Alberto Fregoso Reyes, a quien se vincula con el actual gobernador Enrique Alfaro y fue públicamen­te denunciado en 2019 por sus subalterno­s por cobrarles un porcentaje de sus sueldos a cambio de mantenerlo­s en su puesto.

Estos son algunos de los personajes que pretenden obtener el cargo de magistrado­s del Tribunal de Justicia Administra­tiva del Estado, es decir, quienes podrán decidir si se construye un edificio de veinte pisos o una cantina junto a la casa de cualquiera de nosotros.

Encontramo­s a siete servidores públicos cuyo perfil resulta incompatib­le

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