Gobierno, ciego ante grúas pirata
Empresarios del ramo de las grúas reclamaron ayer al Gobierno de Jalisco por las omisiones que permiten un arraigo de las prácticas de corrupción e ilegalidad que llevan a cabo los conductores de este tipo de vehículos que ellos identifican como piratas, pues no están regulados de forma correcta y afectan a la población.
En rueda de prensa, integrantes y dirigentes de la Asociación de Grúas de Jalisco (Agrujal), de la Asociación Mexicana de Empresarios de Grúas (Agrúas) y de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C. (Conatram) afirmaron que, pese al envío constante de oficios para denunciar esta problemática, las autoridades estatales han evadido sus peticiones de diálogo.
Enrique Dueñas, quien es presidente de Agrúas, arremetió contra los operativos encabezados por los choferes de grúas pirata en complicidad con uniformados de la Policía Vial para extorsionar a los ciudadanos con cobros excesivos.
“Carecen de integridad y son administrados por el Estado, donde el fin primordial es recaudar sin pensar en el beneficio. Nosotros hemos denunciado de forma recurrente, pero sin éxito, las situaciones anómalas y hemos insistido en establecer mecanismos de trabajo conjunto con los miembros del gabinete estatal para acordar un modelo de operación para las grúas”, compartió.
Acusó también que los operativos irregulares se concentran por varias zonas de la ciudad como Providencia, Chapalita y los alrededores del Mercado de Abastos, que destacan por ser puntos comerciales muy concurridos por los ciudadanos.
Tomás Orozco, titular de Agrujal, enfatizó que la mayoría de los servicios de grúas no se solicitan bajo el modelo de cabina única implementado por el Poder Ejecutivo, de modo que se priorizan los recorridos en los que perjudican el bolsillo de los habitantes.
“En teoría, la autoridad competente debería hacer la solicitud de grúas por la vía de ese sistema, pero en los hechos ocurre que hasta el 80% de los servicios que se generan en la Zona Metropolitana de Guadalajara se concretan al margen de dicha cabina única. Esto abre la puerta más a extorsiones, actos de corrupción y operativos fantasma”, dijo.
“Suelen aplicar cobros excesivos al público en todas las etapas, desde el servicio de traslado hasta el depósito y resguardo vehicular, muchas veces en contubernio con agentes de tránsito”, agregó.
Orozco también estimó que en la Entidad operan alrededor de 600 grúas. Sin embargo, aseguró que al menos la mitad no tienen el permiso ni la autorización para poder prestar el servicio.
Diego Bolio, delegado de la Conatram en Jalisco, criticó la operación de los depósitos vehiculares y la deuda adquirida del Gobierno estatal con empresarios de grúas, que asciende a 68 millones de pesos que se arrastran desde la anterior administración.
“Hay deudas pendientes adquiridas con empresarios de grúas por servicios prestados en operativos y en acciones implementadas por las diferentes instancias de Gobierno tanto municipales como estatales”.
Entre sus peticiones hechas al gobernador de Jalisco y a los secretarios General de Gobierno, de Administración, Transporte y Seguridad, está el dar instrucciones a las dependencias a su cargo para solucionar el proceso de pago del “Programa de Regulación para la Operación del Servicio de Transporte Público de Grúas” o considerar una partida para cubrir dichos servicios de grúas en el presupuesto estatal.
De no ser respondidos sus reclamos, anunciaron que se manifestarán y solicitarán apoyo a los tres candidatos a Casa Jalisco para que escuchen sus inquietudes y tomen cartas en el asunto ante lo que ellos consideran el “maltrato institucional y desdén político” hacia su sector.
El pasado 11 de marzo, este medio de comunicación publicó que la red de corrupción entre operadores de grúas pirata y policías viales se extendió en la ciudad y persiste la extorsión contra dueños de automóviles mal estacionados en los alrededores del Parque Metropolitano, del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Gran Plaza, de Plaza Galerías, del Mercado Felipe Ángeles y del de Abastos, así como en la Colonia La Estancia, en Avenida Magisterio y en las cercanías del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”.
Paulina, una ciudadana, compartió con esta casa editorial que fue víctima de extorsión en la calle San Ignacio, en las inmediaciones de la Gran Plaza, ya que le fue solicitado una “mordida” de hasta tres mil 900 pesos para no llevarse su vehículo. Como no aceptó la petición, el conductor de la grúa se llevó su coche a un corralón de Tonalá.
Hasta la última actualización, la Fiscalía Anticorrupción en Jalisco mantenía 177 investigaciones abiertas contra el mismo número de policías viales por posibles actos de corrupción, considerando delitos como abuso de autoridad y cohecho.
De acuerdo con una encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los funcionarios menos confiables para la población en Jalisco son los policías viales. Después están los policías municipales y los jueces.