Puigdemont acelera la independencia y Mas siembra ahora la duda
El ‘president’ lleva las actas del 1-0 al Parlament para proclamar el martes la secesión, pero su antecesor dice que Cataluña no está preparada
Temblor de piernas en el independentismo. O al menos en una parte de él, que ve con preocupación cómo los mayores bancos catalanes y muchas empresas van abandonando, uno tras otro, la comunidad autónoma para instalarse en otras con una situación política menos turbulenta. Las primeras voces ya se han alzado y son de primeras espadas: el conseller Santi Vila y el ex president Artur Mas han expresado dudas con respecto a la secesión exprés.
Tienen tres días para intentar que Carles Puigdemont cambie de opinión. El presidente de la Generalitat informó ayer de que comparecerá el martes en el Parlament, y sus socios de ERC y de la CUP dan por hecho que declarará la independencia. Para preparar el terreno, el Govern hizo públicos ayer los resultados oficiales del referéndum unilateral del domingo. Según el supuesto recuento, votó el 43% de los catalanes, participación por debajo de la de la consulta del 9-N de 2014.
Cataluña se adentra en un escenario incierto que está haciendo mella en gran parte de su población. Los avisos ya no son sólo políticos: los bancos admiten que gran parte de las consultas ciudadanas que reciben estos días tienen que ver con la seguridad de sus ahorros, y crecen las manifestaciones de signo contrapuesto en las calles.
El presidente de la Generalitat sigue creyendo que su única opción es la proclamación de la secesión, aunque en la Generalitat dan por seguro que el Gobierno reaccionaría aplicando el artículo 155 de la Constitución e interviniendo la autonomía de Cataluña inmediatamente. «Si no hace algo la semana que viene en la línea de la DUI [declaración unilateral de independencia], a Puigdemont le va a ser muy difícil vivir», dice un cargo del PDeCAT. Precisamente en el partido del
president es donde están surgiendo las dudas. Poco a poco se hacen públicas: si el jueves el consejero de Empresa, Santi Vila, dio el paso y pidió aparcar «por un tiempo» las «decisiones unilaterales», ayer fue el tótem de una parte importante del independentismo, Artur Mas, quien expresó dudas.
El ex presidente de la Generalitat, que fue quien inició el proceso soberanista, dijo en una entrevista en el Financial Times que Cataluña todavía no está preparada para «la independencia real», porque no tiene control sobre el territorio, el sistema judicial o la recaudación fiscal, entre otros.
Mas está viviendo un choque de realidad estos días. Durante los últimos años había garantizado que no habría problemas económicos relacionados con la independencia, y más en concreto que ningún gran banco dejaría Cataluña. «Que no nos traten de tontainas, sabemos que los bancos se van a pelear por estar en Cataluña», dijo en un mitin de la campaña de Junts pel Sí en 2015. Y en otro: «Los que tienen su principal mercado en Cataluña, Sabadell y Caixabanc, ¿renunciarán? ¡Se pelearán por estar en Cataluña!», aseguraba entonces.
También Oriol Junqueras tiene que dar explicaciones tras las salidas de bancos y empresas. El vicepresidente de la Generalitat aseguró que el Banco Sabadell y Caixabanc han tomado «una decisión de carácter temporal como demuestran las sedes escogidas» y que no afecta a la relación con la Generalitat, ni a la operativa ni a las oficinas de estas compañías.
La CUP, en cambio, parece muy contenta con estos anuncios, que son compatibles con su programa electoral revolucionario. Desde el partido se insinuó ayer que, así como las entidades bancarias han elegido con «libertad» dónde quieren tener su sede, las instituciones y los ciudadanos catalanes deberían dejar de operar con ellos.
La partida catalana se juega en muchos escenarios, y uno de ellos es el Parlament. Las reuniones de ayer de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces propiciaron un cambio en el calendario previsto. Se había programado un pleno para el lunes, pero como estaba convocado «de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Referéndum de Autodeterminación», ya suspendida, el PSC recurrió su celebración ante el Tribunal Constitucional, que le dio la razón y lo anuló.
Los independentistas asumieron ayer la suspensión, pero convocaron otro pleno, esta vez para el martes e invocando un artículo vigente del reglamento, con un único punto en el orden del día: «Comparecencia del presidente de la Generalitat ante el Parlament para informar sobre la situación política actual».
La oposición sospecha que, tras ese enunciado inocente, se esconde la pretensión de Puigdemont de declarar la independencia. Ya sea utilizando su discurso o con una modificación a última hora del orden del día del pleno –como ya hicieron los independentistas para aprobar las leyes de ruptura en las grotescas sesiones del 6 y 7 de septiembre– para introducir una votación que diera una pátina institucional a la proclamación.
Y el diputado de la CUP Carles Riera confirmó que su partido y Junts pel Sí ya están negociando una declaración de independencia de Cataluña para el martes. «Estamos en conversaciones sobre un texto, con papel y lápiz, sobre la declaración que queremos que el martes sea asumida por el Parlament», aseguró el diputado.
Riera también negó que Junts pel Sí esté introduciendo fórmulas para aplazar la independencia inmediata, como se ha rumoreado en los últimos días. «Sobre la mesa de trabajo nadie ha puesto ningún escenario de dilación, ambigüedad o confusión. No trabajamos sobre ese escenario», dijo de forma categórica.
Para la CUP, y también –al menos formalmente– para Junts pel Sí, los resultados del domingo son completamente vinculantes. La Ley del Referéndum no establecía ningún porcentaje mínimo de voto: participaran los catalanes que participaran, Puigdemont tenía que proclamar la independencia «en dos días» si el sí se imponía por un solo voto.
Ayer se publicaron los resultados oficiales. Y, si hay que hacerles caso –aunque los mismos observadores internacionales advirtieron de que no cumplen con los estándares internacionales por lo accidentado de la votación–, los independentistas catalanes siguen rondando los dos millones, sobre un censo de 5,3 millones.
El Govern cifró en 2.044.038 los votos favorables a la independencia en la consulta del pasado domingo, según su recuento oficial, de una participación total de 2.286.217 personas (el 43% del censo). El no a la secesión, apenas movilizado, reunió 177.547 papeletas, el voto en blanco otras 44.913 y hubo 19.719 nulos.
La Generalitat no ha cumplido su propia ley ni en la logística de la votación –la cambió el mismo 1-O por la mañana, cuando anunció que habría censo universal, entre otras modificaciones– ni en la comunicación de los resultados. Según la norma suspendida, los encargados de anunciarlos eran los miembros de la Sindicatura electoral, que se disolvió después de que el Constitucional amenazara a sus componentes con multas de 12.000 euros diarias. Finalmente, ayer fue la propia Generalitat quien trasladó los resultados al Parlament en una carta firmada por Junqueras; el portavoz, Jordi Turull, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva.