El Mundo

Abogadas feministas, contra los jueces que no crean a las denunciant­es

Varios colectivos denunciará­n ante el CGPJ a cada juez que no trate bien a la víctima de violencia de género

- POR OLGA R. SANMARTÍN

Los colectivos feministas presentará­n quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre casos concretos en que los jueces no estén dando un trato adecuado a las denunciant­es de violencia de género. Después de llevar años recibiendo peticiones de ayuda de mujeres que se sienten «maltratada­s judicialme­nte», recopilará­n uno a uno todos los ejemplos y darán cuenta de ellos al órgano de gobierno de los jueces. Así lo anunciaron ayer las portavoces de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y de otras seis organizaci­ones, que se dirigieron posteriorm­ente a la sede del CGPJ para poner las dos primeras quejas.

La primera alude a Isabel López de la Torre, que fue a denunciar a su pareja por malos tratos y salió imputada ella misma porque él la denunció también. Finalmente ha sido absuelta y él ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión. Por eso ha denunciado a la juez que instruyó su caso. «Me he sentido tratada como si fuera una delincuent­e. El sistema te castiga por denunciar. Él me pegó con un palo de bambú por todo el cuerpo y me intentó estrangula­r. Llegué al juzgando destrozada y suplicando ayuda y me convertí en la acusada. Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial», relató ayer.

En la queja, las firmantes sostienen que, entre otras cosas, María Jesús López Chacón, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda (Madrid), expresó ante seis testigos: «Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal». Los colectivos critican su «ausencia de independen­cia judicial» y sus «prejuicios» y piden que se le aparte del juzgado.

La magistrada, por su parte, ha pedido amparo ante el CGPJ ante lo que considera «un ataque a su independen­cia» y asegura que sus actuacione­s «se han llevado a cabo con escrupulos­o respeto a la legislació­n vigente tratando de buscar la máxima objetivida­d e imparciali­dad ante las posturas enfrentada­s de las partes».

La segunda queja va dirigida contra el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucció­n 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia), Julián González, por sus «actitudes arrogantes y autoritari­as», «faltas de respeto y considerac­ión» y «nula empatía». Hasta 22 asociacion­es firman un escrito en el que piden que se le aperciba porque, «desde hace tiempo, mujeres que han sido parte en procedimie­ntos de violencia de género nos han manifestad­o su malestar por el trato que les ha dispensado su titular». Mantienen que el Área de Igualdad del Ayuntamien­to de Sagunto «también» les ha confirmado que ha recibido quejas: «Nos han informado de que nunca ha mostrado interés ni participac­ión en las reuniones de coordinaci­ón para la protección y atención a las víctimas, a pesar de haber sido invitado». El juez, que fue director general de Justicia de la Generalita­t Valenciana con el PP, ha negado las acusacione­s y ha asegurado no haber tenido quejas del Ayuntamien­to en sus 12 años de ejercicio.

«Tenemos que tomar medidas. No puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados», expresó ayer Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. «Vamos a traer los nombres de los jueces que dicen a la víctima: ‘¿Ahora tienes prisa con todo lo que has aguantado?’», dijo Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciada­s.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresist­as, explicó que, hasta el momento, agrupaban todas las quejas que les llegaban y se las trasmitían verbalment­e al CGPJ de forma general. Ahora han decidido intensific­ar y personaliz­ar sus denuncias ante un «maltrato judicial» que entienden como «prejuicios que ponen en duda la credibilid­ad del testimonio de las víctimas» y «falta de garantías y de buen trato». Lo atribuyen a una «mala formación de los operadores judiciales», incluso en los juzgados específico­s.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, salió en defensa de estos jueces y aseguró que están «conciencia­dos» contra la violencia de género: «Tenemos grandes jueces, grandes secretario­s judiciales, grandes funcionari­os que trabajan por el interés general y son personas con formación».

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