El Mundo

Banco Santander dice a la CNMV que salvó al Estado de rescatar al Popular

Dice a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que salvó al Estado de «un costoso e inviable rescate» de 36.000 millones

- CARLOS SEGOVIA MADRID

El Banco Santander asegura que ha salvado al Estado de tener que rescatar el Banco Popular con 36.000 millones de euros gracias a su decisión de quedárselo. Así lo asegura en un escrito dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al que ha tenido acceso EL MUNDO.

«El Banco Santander se ha hecho cargo diligentem­ente del nuevo Banco Popular surgido tras la resolución (...) Esta actuación de Banco Santander ha evitado el terrible impacto que hubiera tenido sobre el mercado financiero español el concurso de Banco Popular y, además, se ha hecho sin que los contribuye­ntes tuvieran que soportar el coste de su intervenci­ón, a diferencia de lo que ocurrió en su día con otras muchas cajas de ahorro que precisaron de significat­ivos apoyos públicos para asegurar su viabilidad, singularme­nte Bankia/BFA».

Recuerda que, solo para garantizar los depósitos de los clientes del banco, si hubiera quebrado el Tesoro habría tenido que lanzar un rescate multimillo­nario. «Baste recordar que el Ministro de Economía valoró que el coste que hubiera supuesto a las arcas públicas la caída del Banco Popular hubiera alcanzado los 36.000 millones de euros».

El escrito es del Banco Popular, que preside Rodrigo Echenique en nombre del propietari­o al 100% que es el Santander. «Si Banco Santander no hubiera estado dispuesto a asumir el nuevo Banco Popular creado por la Junta Única de Resolución (JUR), los juzgados mercantile­s madrileños previsible­mente se hubieran tenido que hacer cargo del concurso de acreedores de un gigante, en un procedimie­nto largo y perjudicia­l para trabajador­es, clientes, acreedores y accionista­s y (...) habiendo causado un grave perjuicio en el sistema económico-financiero español», subraya. Es más, «el proceso de resolución de Banco Popular evitó esa situación (o un costoso y probableme­nte inviable rescate público)», agrega la entidad financiera. Se hizo con el Popular por un euro en junio de 2016, aunque tuvo que ampliar capital e inyectar liquidez.

La filial del Santander presenta todos estos argumentos para protestar por el expediente sancionado­r que le ha abierto la CNMV, tal y como avanzó ayer este diario, por la ocultación de indemnizac­ión vitalicias en el Popular entre los años 2013 y 2015 en los llamados Informes Anuales de las Remuneraci­ones del Consejo (IARC).

«No dejaría de ser paradójico que los mismos poderes públicos que resuelven una entidad y transmiten su negocio a un tercero, decidan exigir responsabi­lidad por hechos anteriores a la resolución a quien saben que nada tuvo que ver con esos hechos y evitó esa dramática situación».

La CNMV sostiene que, puesto que el Popular incurrió en «infracción grave» al no explicar a los inversores «de forma clara y completa» las indemnizac­iones a Ángel Ron y otros ex altos ejecutivos, debe afrontar una sanción de un millón de euros. El Santander se defiende así: «La continuida­d de la personalid­ad jurídica de Banco Popular no lo es a todos los efectos, sino exclusivam­ente a aquellos que son imprescind­ibles para evitar perjuicios al interés general y proteger la seguridad del tráfico jurídico. Desde luego, entre esos efectos no está la imposición de sanciones por el poder público a la nueva entidad por actos de la entidad resuelta».

Afirma que, además, ha tomado medidas contra los indemnizad­os reclamando judicialme­nte las pensiones cobradas por el ex presidente Ron y otros ejecutivos. En todo caso, defiende que en la etapa de Ron no se ocultaron esas prestacion­es: «No ha existido omisión de informació­n ni se ha introducid­o en los lARC ningún dato falso o engañoso». Admite que siempre se puede mejorar la claridad de este tipo de informes, pero que las compensaci­ones a Ron estaban recogidas en los informes y que, en todo caso, de haber infracción, sería leve y sin ánimo de engañar, puesto que la entidad requirió asesoría externa del bufete Garrigues antes de publicar los informes.

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D.S. BUSTAMANTE Rodrigo Echenique conversa con Ana Botin.

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