Granados implica a Cifuentes en la caja B del PP, pero sin pruebas
Acusa a Aguirre y González de usar dinero público para financiar actos electorales
Francisco Granados entró ayer en la Audiencia Nacional «triste y decepcionado», pero salió satisfecho y asegurando que había explicado al juez que instruye el caso Púnica «cómo» funcionó el Gobierno de Esperanza Aguirre durante los años en los que fue su consejero de Presidencia en la Comunidad de Madrid y su número dos en el PP de esta región. Es más, afirmó que reconoció al magistrado la existencia de una financiación irregular en el partido en la época de Aguirre.
Le bastaron poco más de tres horas para disparar contra casi todos y admitir una caja B en el PP madrileño. Señaló a ex y actuales altos cargos del partido, acusándoles de idear y ejecutar una «estructura paralela» para financiar campañas electorales –en concreto, la de Aguirre de 2011– con dinero público destinado a publicidad de empresas de la Comunidad de Madrid. Señaló al Canal de Isabel II y a la Agencia de Informática y Telecomunicaciones.
Granados apuntó a la ex presidenta Aguirre y al que fuera su vicepresidente en el Gobierno madrileño entre 2003 y 2012, Ignacio González, como los que lo controlaban todo en la Administración madrileña. Y sorprendió implicando también a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Cristina Cifuentes.
A los que se preocupó de mantener al margen fueron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; al que fuera gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez; y al yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid, imputados ambos también en el caso Púnica. Conviene advertir de que López Madrid está investigado por el cobro de presuntas comisiones, junto con Granados y el empresario madrileño David Marjaliza.
En relación a Aguirre, González y Cifuentes, Granados les acusó de conocer la financiación irregular del partido, según precisaron fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, soltando una retahíla de acusaciones de las que no aportó, sin embargo, ni una sola prueba. Incluso se atrevió a declarar al juez que la actual presidenta de la Comunidad y González mantuvieron una «relación» que calificó de «sentimental».
Granados, considerado máximo responsable de Púnica –trama de adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones–, se preocupó de justificar la ausencia de pruebas alegando que no se llevó documentos «ni de la Administración Pública ni del partido». «Yo salgo y entro en los sitios con lo puesto. No me llevo ningún papel para luego sacarlo cuando interesa».
El máximo cabecilla de la trama acusó al PP de Aguirre de financiar de manera irregular las campañas de 2007 y 2011 y señaló a González como quien controlaba estos actos electorales junto a Cifuentes, a la que señaló como miembro del grupo de poder de González.
Conviene recordar que el juez García Castellón consideró los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) –rechazados por su antecesor Eloy Velasco– que advertían de la presunta participación de Cifuentes en irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011.
Según Granados, otras tres personas más constituían el núcleo de decisión de las campañas. En concreto, apuntó a Borja Sarasola (ex consejero de Transportes y ex consejero de Medio Ambiente madrileño), Isabel Gallego (ex responsable de Comunicación del PP de Madrid) y José de la Uz (actual vicesecretario general de Innovación del PP madrileño). «Soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre a la Comunidad de Madrid, que se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido», declaró. «Se ha llevado al margen del PP. Siempre a las órdenes de Ignacio González», sentenció.