La trama del Canal investigó a Cristina Cifuentes y a su familia
La Guardia Civil encontró en el despacho de Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de Ignacio González, documentos sobre la adjudicación de un piso de la Complutense a la presidenta madrileña
La mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, imputado en la operación Lezo, guardaba en sus archivos personales información personal sobre la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y sobre dos de sus hermanas, Margarita y Blanca María. El 19 de abril de 2017, en el registro de la Guardia Civil de la empresa Saerco, propiedad de De Miguel, los agentes hallaron una escritura notarial sobre un sorteo de viviendas para profesores realizado por la Universidad Complutense en 2001. A Cifuentes, por su condición de trabajadora de la Complutense, se le adjudicó la opción de compra de un piso de cuatro habitaciones en Somosaguas, junto a uno de los campus universitarios. Cifuentes aseguró ayer a este diario que renunció finalmente a la adquisición de dicho piso.
En la documentación intervenida por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II hasta 2009, el nombre de «Cristina Cifuentes Cuencas» aparece marcado con fluorescente, pero no es el único nombre resaltado de esa manera. Igualmente aparecen marcados los de Blanca María y Margarita Cifuentes Cuencas, ellas como «personal admitido» para la lista también de viviendas de cuatro dormitorios.
Fuentes de la investigación dan por hecho que la documentación en poder de De Miguel tiene que ver con los conflictos internos del Partido Popular de Madrid. Anteayer mismo, Francisco Granados, ex número 2 de la Comunidad de Madrid, aseguraba en la Audiencia Nacional, ante el juez Manuel García Castellón, que Cifuentes e Ignacio González habían participado en la financiación irregular del PP de Madrid hasta el final de una presunta relación sentimental entre ambos.
Granados realizó esta afirmación sin aportar prueba alguna, pero lo que los investigadores de los casos Lezo y Púnica sí han hallado son pruebas del seguimiento al que fue sometida la actual presidenta regional cuando era delegada del Gobierno en Madrid, en el periodo entre 2012 y 2015.
En esa época, de hecho, era frecuente escuchar sotto voce de personas del entorno de Aguirre, que abandonó el Ejecutivo regional en septiembre de 2012, y de González, que Cifuentes había sido objeto de trato de favor en la Universidad Complutense por su proximidad con el ex rector y posterior consejero de Educación madrileño, Gustavo Villapalos. Acusaciones que nunca llegaron a emerger a los medios de comunicación ni tampoco en forma de denuncia alguna.
El entorno de Cristina Cifuentes denunciaba de hecho en aquella época la constante investigación y casi persecución a que ella misma era sometida por parte del bando de González y la ya dimitida Aguirre, que incluían, aseveraban, pesquisas en torno a cualquier aspecto de su vida pública y privada. De manera paralela, el entorno de González siempre ha negado taxativamente haber participado en operaciones de este tipo.
Cifuentes, según muestra la documentación en poder de De Miguel, logró la opción de compra de la vivienda de manera legal, concurriendo lícitamente por su pertenencia al Cuerpo Técnico Superior de la Complutense, condición que ha compatibilizado con su carrera política en el Partido Popular. Según la versión aportada ayer por ella misma a este diario, y que concuerda con la documentación intervenida por la Guardia Civil, Cifuentes concurrió en 1991 a una promoción de pisos para profesores lanzada por la Universidad Complutense, quedando en lista de espera.
Diez años después se llevó a cabo una nueva promoción y un nuevo sorteo para adjudicar, entre los docentes y trabajadores de la Universidad que ya habían concurrido en 1991, una nueva remesa de viviendas. Aquí Cifuentes ya entraba en el cupo de adjudicatarios, junto con otros 97 candidatos, y lo que se rifó fue la prioridad en el orden de elección.
A la actual presidenta regional se le adjudicó la posición 29ª sobre los 98 cooptantes. Según consta en el acta levantada por el notario, la bola extraída en el sorteo fue la número 84, y a partir de ahí se siguió el orden de prelación para la elección de vivienda por los candidatos. Sin embargo, siempre según su versión, Cifuentes no llegó jamás a hacer valer dicha opción por retrasos en la construcción de las viviendas. Así, solicitó posteriormente el reembolso de la señal que todos los candidatos debían aportar para participar en la bolsa de pisos, una cantidad en torno a los 10.000 euros, y renunció definitivamente a su opción.
Fuentes de la Complutense aseveraron ayer a este periódico que una gran mayoría de los adjudicatarios de la opción de compra desistieron finalmente con el paso del tiempo, y de hecho el ofrecimiento a docentes de viviendas de esa promoción ha seguido realizándose con el paso del tiempo.
Parecido camino siguieron las hermanas de la actual presidenta madrileña y también trabajadoras de la Complutense, según afirmaron ayer portavoces del Gobierno regional. Tras el sorteo, Margarita y Blanca María quedaron en lista de espera de los pisos de cuatro habitaciones, sin embargo, las renuncias fueron tantas que finalmente se les ofrecieron las viviendas, y ellas mismas, al igual que la ahora presidenta madrileña, desistieron por el retraso en la construcción de los pisos.
Diputada regional desde 1991, Cifuentes ha formado parte también de diversos órganos de gobierno universitarios, tales como el Consejo de Universidades de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Administración de la Rey Juan Carlos y el claustro constituyente de la propia Universidad Complutense. La actual regidora madrileña llegó incluso a ser directora del colegio mayor Miguel Antonio Caro en 1995.