La CUP deja sin coartada a los presos del ‘procés’
La independentista Mireia Boya declara en el Supremo que la DUI no fue «cosmética» y se aprobó para hacerla efectiva Califica la Constitución de «muro» que obliga a la movilización
Así lo admitió ayer la que fuera presidenta del grupo parlamentario de la CUP en el Parlament, Mireia Boya, que declaró durante poco más de una hora y 15 minutos ante el juez del Tribunal Supremo que instruye la investigación por la celebración del 1-O, Pablo Llarena.
La ex diputada independentista, que acudió al Alto Tribunal en calidad de imputada, respondió con esos argumentos a preguntas del magistrado, interesado por conocer si la DUI fue «cosmética» o no, como declararon el resto de imputados. Boya lo dejó claro: cuando el Parlamento catalán aprobó la declaración de independencia, buscaba su «efectividad real», según precisaron a este diario fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.
En apenas unos segundos, Boya desmontó la coartada del resto de investigados en el procedimiento y tumbó los argumentos esgrimidos por las cuatro personas que aún están en prisión –Junqueras, Joaquim Forn (ex consejero de Interior), Jordi Sànchez (ex presidente de ANC) y Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural)– y que defendieron el carácter simbólico de la DUI, aprobada el pasado 27 de octubre, para poder así salir de la cárcel.
Boya, a la que el magistrado Pablo Llarena le imputa delitos de rebelión, sedición y malversación por su presunta implicación en el procés, dejó claro al juez que los diputados de la CUP votaron a favor de la declaración porque así lo requirieron las bases de su partido.
La política independentista, primera persona de la CUP que declara ante Llarena –su compañera Anna Gabriel lo hará el próximo 21 de febrero, tras aplazar su interrogatorio convocado también ayer–, sólo respondió a preguntas de su abogado y del juez, rechazando contestar a la acusación popular representada por Vox y a los responsables del Ministerio Fiscal.
Mireia Boya acusó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de salir «a cazar con porras a los independentistas» días antes del pasado 1 de octubre, según precisaron fuentes jurídicas presentes en la declaración. Estas mismas fuentes informaron de que la ex diputada independentista pretendió hacer creer al juez Llarena que los destrozos de los vehículos de la Guardia Civil los pasados 20 y 21 de septiembre se debieron a los periodistas.
La ex diputada de la CUP llegó incluso a pedir explicaciones al magistrado en relación a una entrevista a Llarena, publicada por el diario EL MUNDO el 22 de octubre de 2012, sobre la situación de Cataluña. Ese año, Llarena era presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y respondió a este periódico que el problema entre Cataluña y España tiene «una solución esencialmente política». El magistrado contestó a Boya que esa declaración no se produjo tal y como ella la defendió en la sala.
Mireia Boya entró en el edificio del Alto Tribunal arropada por simpatizantes y salió con el puño en alto y reprochando al Estado español que la Constitución española
«es un muro, y ante los muros la gente se moviliza». Es más, se atrevió a asegurar que «nunca ha habido violencia en Cataluña» consecuencia del procés. «La gente ha sido ejemplar», sentenció la independentista catalana a los periodistas congregados a la salida del Tribunal Supremo.
Dicho esto, defendió que «el 80% de los catalanes quería hacer un referéndum y lo ganamos». Boya aprovechó la presencia de los medios de comunicación para recordar que «todavía hay cuatro presos políticos en la cárcel». En este sentido, reivindicó su libertad y acusó al Gobierno de tenerlos «secuestrados».
La ex diputada de la CUP salió del Alto Tribunal sin que el juez aplicara medidas cautelares contra ella. Y es que ni la Fiscalía ni Vox las pidieron. No obstante, conviene advertir de que la acusación popular pedirá prisión para Boya cuando declare su compañera Anna Gabriel, para la que también pedirá la misma medida.
Los próximos en sentarse ante el juez Llarena serán Marta Rovira (secretaria general de ERC) y Marta Pascal (coordinadora general del PDeCAT). Ambas, el próximo 19 de febrero. Les seguirá el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, citado el próximo 20 de febrero.