La reforma laboral se queda
• El Gobierno renuncia a derogarla pero negociará con los sindicatos y la patronal cambios para eliminar los aspectos «más lesivos»
Una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se puede hacer una vez que se está en el Gobierno. Pese a que Sánchez prometió que si llegaba al Gobierno derogaría la reforma laboral del PP, finalmente ha renunciado a hacerlo, al menos en lo que queda de legislatura.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, justificó ayer esta decisión, en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo con los interlocutores sociales en La Moncloa, asegurando que cuando se está en el Gobierno «se tienen mayores dosis de pragmatismo» y son «conscientes del terreno que pisan y el peso parlamentario con el que cuentan».
Conscientes de su debilidad en el Congreso –donde sólo tienen 84 diputados–, el Ejecutivo se ha marcado un objetivo más modesto: modificar los aspectos que considera más dañinos de la reforma laboral de 2012, como la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, la ultraactividad...
La nueva titular de Trabajo anunció que empezarán a trabajar pronto tanto con los sindicatos y las organizaciones empresariales como con los grupos parlamentarios para intentar alcanzar acuerdos; y se mostró confiada en conseguirlo en tiempo récord. En el horizonte, consensuar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el año 2020. Pese a que los sindicatos agradecieron al presidente que los haya recibido con tanta rapidez en La Moncloa, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se quejó de que el Gobierno hubira estado «tan reservón» sobre lo que pretende hacer con la reforma laboral. En cualquier caso, insistió, en la necesidad de modificar «de forma sustancial» la actual regulación laboral porque, dijo, «no ha tenido ninguna buena consecuencia». Eso sí añadió: «Somos conscientes de la necesidad del Gobierno de buscar mayorías parlamentarias». Sordo recordó que no se trata de volver a la legislación pasada sino de acometer una reforma «por elevación», es decir, crear un marco «mucho más inclusivo y democrático».
Desde la patronal, el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, insistió en que en España ha habido 55 reformas laborales y más de 7.000 leyes sobre la materia. Y que «cambiar la reforma laboral es un mensaje ideológico sobre el que luego habrá que ver y profundizar». Por eso, añadió: «Estamos a la expectativa para sentarnos más seriamente con la ministra y ver qué cosas se pueden cambiar».
Además de la reforma laboral, en el encuentro también se habló de formación, de prevención de riesgos, de fraude laboral, de igualdad y de pensiones. Sobre este último aspecto, la ministra subrayó la necesidad de buscar nuevas vías de financiación (principalmente impuestos) para resolver el problema de ingresos que tiene el sistema, y «racionalizar y reordenar los gastos».
En la reunión también hubo tiempo para evaluar el estado de las negociaciones sobre el pacto salarial que mantienen sindicatos y patronales. La ministra se mostró confiada en que las conversaciones «lleguen a buen puerto» pronto porque considera que no sólo va a ser bueno para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo sino también para otorgar mayor garantía al sistema público de pensiones.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, precisó que las negociaciones están «muy avanzadas» e insistió en que no firmarán nada que no contemple un crecimiento importante de los salarios, sobre todo de los más bajos. Por su parte, el presidente de CEOE, Juan Rosell, pidió que el acuerdo contemple también otros asuntos como el absentismo, las mutuas o la formación.