Perdidos en la traducción del golpe en Cataluña

TSEVAN RABTAN

Supriman todos los adjetivos en los escritos de acusación presentados anteayer por Fiscalía y Abogacía del Estado, y examinen los hechos desnudos: nos queda un golpe de Estado. Los libros de ruta, la desobediencia reiterada y publicitada orgullosamente, el uso torticero de las instituciones por los golpistas, la incitación a las multitudes en los hechos de septiembre y octubre

del año pasado, las alteraciones del orden público, los daños y lesiones. Las cabezas y las manos de los acusados propiciaron la ignorancia radical de las leyes fundamentales del Estado español y de las resoluciones de sus tribunales para conseguir el objetivo último: su destrucción.

Uno de los animalitos habituales del secesionismo es la falacia de que sin rebelión no hay golpe de Estado. Las rebeliones lo son, pero la fórmula no cumple la propiedad conmutativa. También puede darse por un uso fraudulento e ilegal de las instituciones que controlas, sin oposición. Imaginemos que Pedro Sánchez –el actual, no ese desconocido que ocupó su cuerpo antes de llegar a la Presidencia– no convoca elecciones y se autonombra sin oposición material –y, por tanto, sin violencia– presidente vitalicio mediante un decreto ley. ¿Alguien en sus cabales negaría que esto es un golpe de Estado consumado?

Cualquier persona racional añadiría un «eso es imposible» porque, para evitar estas derivas bananeras, los países serios cuentan con instituciones, leyes y contrapesos. Los golpistas catalanes controlaban las instituciones catalanas y decidieron ignorar los pocos contrapesos que allí se opusieron al dislate –como los letrados de la cámara o los juzgados que empezaron a investigar los hechos que se estaban produciendo–, y confiaron en la pasividad de un Estado que había demostrado su debilidad renunciando al instrumento natural a su disposición, el artículo 155 de la Constitución, por un pánico atávico al uso de la ley democrática contra el nacionalismo.

Ahora los tribunales tienen que traducir esos hechos gravísimos y decidir si el golpe

supuso desobediencia, malversación, sedición y/o rebelión. Los escritos de calificación son una estación de este recorrido. Aunque provisionales, importan porque contienen la descripción de los hechos que van a enjuiciarse. Sin embargo, la acusación definitiva se producirá tras el juicio y podría ocurrir que, llegado ese momento, y respetando esencialmente esos hechos, las acusaciones cambien su calificación, y que el abogado del Estado, por ejemplo, los considere rebelión y no sedición, como sostiene ahora. O, al contrario, podría el fiscal degradar su acusación de rebelión a sedición. Por eso deberíamos evitar ciertas grandilocuencias.

Es inevitable que este juicio se desborde. Los secesionistas van a utilizarlo como ele-

«Cuanto antes se debería reformar el delito de rebelión e incluir el autogolpe»

mento propagandístico. Cuando decides infringir las leyes fundamentales de tu país, al que acusas de no ser una democracia, no te vas a preocupar por hacer lo menos: mentir para desprestigiar el trabajo de jueces y fiscales. Esto lo doy por descontado. No estaría de más, por tanto, no caer en esa infamia y pensar que solo importa la revancha o que, por razones de supervivencia política, el castigo ha de ser más ejemplar que legal.

Mientras no se reforme el delito de rebelión para incluir el autogolpe –algo que deberíamos hacer cuanto antes–, no podremos castigar como tal conductas que no cumplan sus requisitos. Tras un año de instrucción, sigo creyendo que los hechos que se describen en los escritos, si se prueban, constituyen claros delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos –en casi dos millones de euros se cifra la suma malversada– y sedición. Delitos todos de enorme gravedad, castigados con importantes

penas, más aún cuando sus presuntos autores eran autoridades públicas. Y es obvio que esos hechos eran piezas de un plan conjunto que pretendía la destrucción de la España constitucional mediante una agresión ilegítima, antidemocrática y masiva contra los derechos fundamentales de los más de cuarenta millones de españoles. El golpe no fue un acto festivo, formal o simbólico, ni un ejemplo de resistencia popular.

Pero sigo considerando que la acusación por rebelión adolece de debilidad. El autogolpe previó y propició un ambiente tumultuario en el que multitudes enormes se opusieron a la efectividad de las resoluciones de los tribunales y a la actuación policial, pero la violencia careció de la intensidad y de la idoneidad precisas para la consecución del fin prohibido: la secesión. La propia actuación política, cobarde e irresponsable del Gobierno de entonces y de todas las fuerzas políticas constitucionalistas (que aún en

septiembre dudaban de la aplicación del artículo 155), en los días previos y posteriores al pseudorreferéndum, abona esta debilidad: los encausados siguieron circulando libremente, no fueron detenidos y gozaron de la oportunidad de evitar esta acusación convocando elecciones autonómicas. La acusación de rebelión ahoga a los acusados en sus propias trampas retóricas: si el pseudorreferéndum era la clave de la secesión –como afirman–, la violencia ejercida para su realización –representada claramente por los acusados– podría ser rebelión. ¿Lo fue? Yo sostengo que comprar ese esperpento nos sitúa en el mundo mágico de los secesionistas. En este sentido, es muy llamativo que la acusación en la Audiencia Nacional contra mandos de los mozos

de escuadra, entre ellos Josep Lluís Trapero, se fundamente no en las acciones de la policía autonómica, sino en sus omisiones, indignas y maliciosas, pero omisiones a la postre. Cierto es que esas omisiones favorecieron las agresiones de otros, pero el alzamiento violento ha de alcanzar unos mínimos de idoneidad para ser rebelde, como los estupefacientes han de tener unos mínimos de sustancia activa para que se cometa delito con su tráfico.

En todo caso, ésta, como cualquier otra opinión, sólo vale en cuanto tal. Sólo hay unos traductores autorizados: los jueces. Para no perdernos en traducciones interesadas basta, y todos deberíamos estar de acuerdo en esto, con que puedan hacer su trabajo sin interferencias. De nadie.

«La acusación de la Audiencia habla de omisiones no de acciones. Llamativo»