Griñán conocía la «vulneración grosera de la ley» en los ERE
La Fiscalía cree que el sistema de reparto de las ayudas lo tuvo que aprobar Manuel Chaves
La Fiscalía considera probado que el ex presidente Griñán pudo parar el reparto ilegal de los ERE y no hizo nada. Además, el procedimiento «exigía la aprobación» de Chaves.
Pudo haber mandado parar y no lo hizo. La Fiscalía Anticorrupción tiene claro que el que fuera entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, era plenamente consciente de la «grosera vulneración» que se estaba haciendo de los fondos públicos de la Junta de Andalucía «en contra de la ley». Y aun así permitió que hasta 680 millones de euros se repartieran sin control absoluto ni respeto por los procedimientos legales establecidos.
Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra desglosan en las últimas sesiones del juicio de los ERE las conclusiones de su informe final, tras casi 11 meses de vista oral, en un juicio que sienta en el banquillo a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 19 ex altos cargos de los gobiernos andaluces entre los años 2000 y 2009.
En el caso de Griñán, al que se acusa de los delitos de prevaricación y malversación, el informe del Ministerio Público subraya cómo el ex titular de Hacienda era uno de los destinatarios de los informes elaborados por la Intervención General de la Junta para el control financiero del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –que más tarde pasaría a llamarse Agencia IDEA–. En esos informes claramente se advertía de que se estaban concediendo subvenciones al margen de los procedimientos legalmente establecidos, que no había ningún control previo de esas ayudas, y que se usaba una herramienta inadecuada, las denominadas transferencias de financiación, para alimentar la partida 31-L con la que se pagaban los fondos.
En su defensa, Griñán siempre ha alegado que la Intervención nunca llegó a emitir lo que se conoce como informe de actuación, que tiene un poder coercitivo de mayor rango, de tal forma que los avisos llegados a la Consejería de Hacienda no tendrían de esta forma un nivel de alerta adecuado a la gravedad de las irregularidades supuestamente detectadas.
Sin embargo, la Fiscalía considera que apelar a que no existió un informe de actuación es sólo una «excusa», remitiéndose así a lo que en su día declaró ante el Tribunal Supremo el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez. Entonces, éste consideró que el consejero pudo perfectamente darse por enterado del agujero que la Dirección General de Empleo había generado en las arcas del IFA/IDEA.
Y, por tanto, citando literalmente las palabras del interventor en aquella comparecencia, el fiscal considera que «el consejero de Hacienda podía perfectamente haber ordenado la suspensión de los pagos»; al igual que el consejero de Empleo podía haber dictado la paralización de las ayudas o el consejero de Innovación, del que dependían IFA/IDEA, podía haber dado instrucciones para que se dejaran de pagar.
El ex interventor dejó claro ante el Supremo que sus advertencias al Consejo de Gobierno de la Junta eran «suficientemente relevantes» como para que se hubieran tomado medidas, con independencia del rango del informe empleado para dar traslado de las mismas.
Hay otra línea de la defensa de Griñán que también fue ampliamente contestada por la Fiscalía. Así, el ex presidente mantiene que, cuando el Tribunal Supremo tuvo que evaluar los indicios contra los acusados, no vio pruebas suficientes para imputar malversación a Griñán, aunque sí por prevaricación. Su defensa considera que esa diferencia de criterio revela la vaguedad de la acusación por malversación, por la que se le piden hasta 6 años de prisión. Si esa acusación decayera durante el juicio, el ex presidente sólo se enfrentaría a 30 años de inhabilitación.