Un muerto al día en la represión
• La respuesta del chavismo a las protestas de la oposición deja 74 muertos, más de 15.000 heridos y 3.200 detenidos en dos meses y medio • El presidente Nicolás Maduro emplea tribunales militares contra 250 civiles
Nelson Arévalo, José Pérez y Luis Enrique Vera eran universitarios, valientes y luchaban por su sueño: cambiar Venezuela. Cuando mañana se cumplan 80 días desde el inicio de las protestas antigubernamentales, los tres jóvenes engrosarán la lista de la Fiscalía General de la República como las tres últimas víctimas mortales de las 74 habidas tras la «represión feroz», según la titular de este poder público revolucionario, que se ha desatado en el país.
Una cifra que el Observatorio de la Conflictividad Social eleva hasta 94 durante las 1.791 protestas y 157 saqueos contabilizados desde que, según la propia Fiscalía, se rompiera el hilo constitucional a finales de marzo con las dos sentencias del Tribunal Supremo contra el Parlamento. Un hilo que en ese momento ya estaba devorado por los constantes mordiscos del poder revolucionario.
Los tres jóvenes habían escuchado y leído las palabras de uno de los héroes de su causa, Neomar Lander (17 años), que han corrido como la pólvora entre los llamados «protestantes»: «La lucha de pocos vale por el futuro de muchos». Esa misma lucha que a los cuatro le costó la vida. A José Pérez (19), estudiante de Educación Física en Táchira, cerca de la frontera con Colombia, se la arrebataron cuando protestaba a las puertas de su universidad por la falta de gas. Lo que sobra en las calles gracias a las constantes bombas lacrimógenas falta en los hogares de varios estados del país, tanto como los alimentos, los productos básicos y las medicinas.
Dos enmascarados se acercaron subidos en su moto hasta los jóvenes y dispararon, alcanzando a Pérez. En esa zona del país los colectivos revolucionarios (paramilitares chavistas) actúan con total impunidad. «Mi hijo no era un delincuente, se manifestaba por su país», le defendió su padre durante el velatorio.
Al joven Luis Enrique Vera (20), miembro del Movimiento Estudiantil en Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, le arrolló un camión mientras protestaba y bloqueaba el tráfico frente a la universidad donde estudiaba Arquitectura y Administración. El chófer, cegado por el odio, amenazó a los estudiantes, les tomó fotografías para denunciarles y luego embistió contra ellos, según denunciaron los presentes.
Los compañeros de Vera quemaron el camión y quisieron linchar al homicida, salvado in extremis por la policía. «El transportista también es víctima, por medio de la desespera-
ción actuó», le defendió el presidente venezolano, Nicolás Maduro, nada más conocer el suceso.
Nelson Arévalo (22), estudiante de Derecho, recibió un impacto en la cara cuando la Guardia Nacional comenzó a reprimir la protesta frente al Club Hípico Las Trinitarias, en Barquisimeto. El Gobierno asegura que no fue un disparo, como denunciaron periodistas locales, sino el estallido de un artefacto artesanal.
Rostros y cifras que sirven para documentar la dimensión de la tragedia venezolana, más allá de los otros gases lacrimógenos que lanza la propaganda gubernamental, capaz de inventar conspiraciones con pistolas para matar vacas o con drones asesinos sobrevolando Caracas. La Asamblea Nacional, usando sus propios informes, calcula que son más de 15.000 los heridos.
Según el Foro Penal son 3.206 las detenciones efectuadas, a las que hay que sumar todavía las últimas operaciones policiales. Alrededor de la mitad permanecen todavía encarcelados, aunque Alfredo Romero, director ejecutivo de esta ONG que asiste a los detenidos, asegura que «hemos llegado a 359 presos políticos. Entre hoy y ayer [por el jueves y el viernes] van 42 nuevos».
El oficialismo ha desplegado una hoja de ruta para acabar con las protestas basada en la represión sistemática, que ha ido sumando distintas formas, cada vez más violentas. «El Gobierno está incrementando sus niveles de crueldad y represión. Se está implementando el Plan Zamora en sus diferentes fases y cada una supone el incremento de la fuerza represiva y de las amenazas contra los manifestantes», resume Rafael Uzcátegui, director de la organización Provea.
Incluso como «terrorismo de Estado» calificó Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea, lo ocurrido esta semana en el complejo residencial de Los Verdes, en el barrio del Paraíso caraqueño. Quinientos militares y policías asaltaron los edificios donde viven 4.500 personas, disparando gases y perdigones, destrozando viviendas, matando perros y deteniendo, sin orden judicial, a 23 «terroristas». Entre ellos, una chica embarazada de 18 años.
Un ataque que se ha reproducido en otras zonas del país, siempre en lugares donde los vecinos persisten en sus protestas o donde los jóvenes se enfrentan a los agentes con escudos y cócteles molotov. La hoja de ruta bolivariana evidencia que el objetivo gubernamental es acallar la protesta reduciendo las numerosas filas opositoras entre heridos, detenidos y apercibidos de sanción. Y con el miedo, que corre a toda velocidad por las calles venezolanas.
«En el marco de las protestas hemos documentado casos de detenciones arbitrarias, hostigamiento, disparos indiscriminados a residencias y centros comerciales, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes y ejecuciones extrajudiciales», denuncia a EL MUNDO, sin tapujos, Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), histórica organización defensora de derechos humanos que encabezó las investigaciones tras la represión del Caracazo, sublevación popular ocurrida en 1989 y que para el propio Hugo Chávez fue el germen de la revolución bolivariana.
«También hemos documentado casos de criminalización y actos de hostigamiento a defensores de derechos humanos y contra periodistas y y fotógrafos», añade Ortega.
Abusos que no son consecuencia de la represión, sino que forman parte de ella, «con el objetivo de impedir el derecho a la manifestación y la persecución de la disidencia», reprocha la directora de Cofavic. En este mismo capítulo contra los derechos humanos se inscribe el uso de los tribunales militares contra más de 250 civiles, algo no previsto por la Constitución bolivariana de 1999 que ahora el hijo de Chávez necesita cambiar para atornillarse en el poder.
«El Gobierno aumenta brutalmente la represión frente a las vacilaciones de la comunidad internacional. Es necesario que ésta haga sentir su peso y facilite un proceso de macroacuerdos claros y respetables, porque de baja intensidad podemos pasar a alta intensidad en violencia política», dice el politólogo Piero Trepiccione, uno de los coordinadores del centro de investigación de los jesuitas.
El panorama que dibuja Trepiccione asustaría a cualquier observador: «Con alta intensidad me refiero a niveles superiores de muertes, no una diaria sino 50 o más. Confrontaciones diarias, sin control militar, de colectivos revolucionarios y grupos de resistencia».